Alejandro
Encinas Nájera
El sexenio de Felipe Calderón pasará a la historia
como uno de los periodos más sangrientos y crueles de los que se tenga memoria.
Seis años han transcurrido desde la declaración de guerra en contra de las
drogas (War on Drugs). Hoy es
inocultable el saldo desfavorable: más de 60 mil muertos, creciente vulnerabilidad
de las instituciones del Estado Mexicano frente al crimen organizado, miles de
desaparecidos, poblaciones desplazadas, huérfanos por doquier, padres que
entierran a sus hijos, socialización del miedo y ruptura del tejido social.
Este drama colectivo lejos está de ser una
maldición que cayó un fatídico día sobre nuestro país. Por el contrario, es
producto de decisiones políticas equivocadas que fueron tomadas desde Los Pinos.
El error inició con la irresponsable pero espectacular decisión de “declarar la
guerra en contra de los cárteles de la droga”. Con esta fórmula, Calderón pretendió
invocar a un enemigo común para conseguir una legitimidad de la que estaba urgido
y así fortalecerse como líder. Con ello, se subordinó a una agenda ajena –la
del gobierno estadounidense– en vez de anteponer los intereses de la sociedad
mexicana, como por ejemplo, el derecho a vivir en paz.
Haciendo un balance general, esta guerra ha costado
mucho a los mexicanos en lo que a dolor, gasto público y vidas humanas se
refiere. Aunque han habido detenciones a capos dignas para escribir un libreto
para una película de Hollywood, y se han confiscado miles de toneladas de
diferentes estupefacientes, contrario a lo que afirma el slogan oficial, la
droga “sigue llegando a tus hijos”. De
acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, en los seis años del
calderonismo, el consumo de drogas incrementó entre la población mexicana. Es
una tendencia que además se replica a nivel mundial y sobre todo en el país
vecino del norte, principal mercado demandante. Si acaso hay alguna moraleja en
esta triste experiencia es que el problema de las drogas no se va a resolver a
balazos.
En este prolongado túnel, al fin se divisa una
alternativa, una oportunidad para pacificar el territorio nacional sin
claudicar o eludir un problema que a veces se antoja insondable, una elección
distante de la desesperada y falsa salida de pactar con el crimen organizado.
Los ciudadanos de Washington y Colorado han delineado la pauta a seguir a
través de un referéndum en el cual ganó el SÍ a la legalización de la marihuana
para fines recreativos. Esta decisión tiene altas posibilidades de ser un
parteaguas en la historia de las drogas. Sin duda ayudará a desterrar
prejuicios y tabúes sociales, y podría representar el inicio de un nuevo
paradigma mundial en el que se sustituya el enfoque prohibitivo, policiaco y
punitivo, por un enfoque de prevención, salud pública y disminución de riesgos.
El entusiasmo que despertaron los ciudadanos de
Washington y Colorado no es exagerado. Ahora, los defensores del consenso
prohibitivo se han quedado sin su arma predilecta. Antes tenía sentido la idea
de que en un régimen mundial interdependiente y hegemonizado por los intereses
geopolíticos estadounidenses, ningún país podía legalizar la marihuana de
manera unilateral, mucho menos México, que comparte con aquella potencia
cientos de kilómetros fronterizos. Pues bien, resulta que en el corazón del
mismo país que apela al combate a las drogas para tener injerencia
político-militar en las regiones del subdesarrollo, en el país que puso en
marcha la Operación Cóndor para derrocar gobiernos democráticos e instaurar
dictaduras pro-yanquis, en el país de Nixon, del Rápido y Furioso, del Plan
Colombia y del Plan Mérida, un puñado de ciudadanos, los suficientes para conformar
una mayoría, dio un SÍ soberano. Gracias a ellos, la escena mundial cambió
abruptamente.
Ese SÍ es esperanzador para los países productores
y de paso en los que tanta sangre ha corrido debido al combate a las drogas. La
condición que EUA impone a otros gobiernos de adoptar una política prohibitiva
y persecutoria en el tema de las drogas para establecer una agenda bilateral de
colaboración, pierde toda credibilidad y fuerza ahora que en su propio
territorio está permitido cultivar, vender y consumir marihuana.
La esperanza radica en que las legislaciones
locales de Washington y Colorado desencadenen un efecto dominó en otras
latitudes del mundo. Por lo pronto, en la Cámara de Diputados el PRD ya
presentó una iniciativa para legalizar la marihuana. Esta iniciativa habrá de
tejerse finamente y retomar las premisas que el estado de Washington está
implementando para regular y gravar la marihuana, las cuales se basan en un
innovador modelo de salud pública.
Pero, ¿qué es el modelo de salud pública? En palabras
del especialista en el tema, Roger A. Roffman, en síntesis, es un enfoque que
reconoce que el uso de la marihuana puede presentar daños a los consumidores y
a la seguridad pública, y por tanto contempla provisiones para prevenir o
aminorar esos daños. Dicho modelo crea una agencia estatal para emitir
regulaciones y otorgar licencias para la producción y comercio de la marihuana;
educa a la población y en especial a los jóvenes con información científica y
precisa, desterrando así las posturas ideológicas o tabúes imperantes;
contempla programas con alto presupuesto para la prevención del uso de drogas y
el tratamiento a los usuarios que han desarrollado dependencia a la sustancia.
Asimismo, un elemento muy interesante es que se crea un organismo público
autónomo para evaluar el impacto de la nueva legislación y se establecen
convenios con universidades para que desarrollen investigaciones en torno a las
problemáticas que orbitan alrededor del uso de la marihuana.
Como puede observarse, la legalización no significa
promover el consumo de la marihuana. Por el contrario, si bien se trata de no
criminalizar ni estigmatizar a quienes deciden consumirla, también busca
regular e incluso hacer más difícil conseguirla. Tal como están las cosas, sólo
fingiendo demencia se puede refutar que gracias a la prohibición, las drogas circulan
a plena luz del día en escuelas, colonias y calles a través de una compleja red
de narcomenudeo y complicidades. Tal como se afirma en el muy bien documentado
artículo Legalizar: Un informe de la
revista Nexos (noviembre del 2010),
“convendría reconocer que no existe ni existirá un mundo sin drogas. Puede
existir sólo un mundo con control razonable sobre las drogas”.
Los argumentos a favor de la legalización que se
esgrimen en tal artículo cobran mayor vigencia conforme se hace más evidente el
fracaso de las políticas prohibitivas. La legalización –afirman sus autores– abriría
un espacio a la regeneración de los barrios pobres acechados por los problemas
relacionados con el trasiego de drogas; liberaría una enorme cantidad de
recursos públicos dedicados hoy a la persecución, para canalizarlos a la
educación y la salud; se abriría un entorno de mayor transparencia sobre los
efectos del consumo de drogas, y se reduciría el tamaño de la población
carcelaria no violenta.
En lo que corresponde a México hay un argumento cuyo
peso por sí sólo es determinante: la ilegalidad de las drogas le inyecta a su
producción y tráfico un valor agregado que provoca que sea el negocio más
rentable del planeta. Conforme el crimen organizado supera las barreras de su
persecución –entiéndase mordidas millonarias, control de territorios a base de
violencia, financiamiento de políticos corruptos– incrementa el valor de la
mercancía con la que trafica. Es por medio de estas exorbitantes ganancias como los cárteles
mexicanos financian la compra de armas, el reclutamiento de jóvenes, corrompen
a policías y funcionarios públicos, e incrementan su capacidad para incursionar
en otras actividades delincuenciales (extorsión, secuestro, lavado de dinero,
etc.). En otras palabras, estas ganancias explican en gran medida la guerra y el
resquebrajamiento del tejido de nuestra sociedad.
A estas alturas, legalizar es el camino para
pacificar. No es la panacea ni la solución definitiva; es cierto que también
conlleva riesgos. Pero ya es hora de cambiar las políticas punitivas que tanto
dolor y violencia han causado en el mundo y en especial en México en los
últimos seis años. Debatamos el tema sin prejuicios y con información.
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