¿Cumbre? ¿De la izquierda?

Alejandro Encinas Nájera

Sin sobresaltos ni sorpresas, los días 15 y 16 de agosto tuvo lugar en Acapulco, Guerrero la pomposamente denominada “Cumbre de la izquierda mexicana”. Más que una cumbre, fue un encuentro de cuadros y dirigentes perredistas que se caracterizó por su poca efusividad  y en el que brillaron por su ausencia los dos liderazgos  que han acaparado las poco más de dos décadas que tiene de vida este partido: Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas.

Tampoco podría decirse que fue de la izquierda mexicana –algo un tanto pretencioso y monopolizador– porque además de las corrientes del PRD, apenas y aparecieron como “invitados especiales” algunos aliados provenientes del PT y Movimiento Ciudadano, sin que fueran convocadas las numerosas expresiones sociales que conforman el mosaico de las izquierdas mexicanas (en plural).

Más allá de la foto del recuerdo y el intercambio de tarjetas de presentación entre futuros compañeros de bancadas legislativas, esta reunión tuvo la intención de mostrar a la opinión pública que la familia de la revolución democrática se encuentra unida y fortalecida.

De ahí surgió la “Declaración política de Guerrero”, cuya parte medular es la exigencia al TEPJF de un fallo exhaustivo y apegado a derecho, aunque en ningún momento se plantea textualmente la invalidez de la elección, tal como reclama el obradorismo. En vez de ello, recurren al concepto vago de la “vigencia del Estado de Derecho”. El único que en franco destiempo y sin eufemismos de por medio se apresuró a pedir a AMLO que aceptara a priori el fallo, fue el coordinador de Nueva Izquierda, Jesús Ortega. Seguir su consejo sin siquiera conocer los argumentos que esgrimirá el máximo tribunal en materia electoral, implica otorgar un cheque en blanco a la impunidad. ¿Qué tal si la calificación es a todas luces ilegal debido a que premia a quienes delinquieron? Siendo consecuentes con el pacto de civilidad que firmaron todos los candidatos presidenciales, en tal caso habría que poner la resolución en tela de juicio, puesto que lo que está en juego no es el prestigio y carrera de siete jueces, sino la legitimidad de las instituciones democráticas como conductos para arribar a decisiones colectivas.

Como ésta, hay muchas otras disonancias entre la dirección de un instituto político inexorablemente volcado a sus acomodos internos, y los desafíos que se presentan a las izquierdas en un país acechado por la sombra del autoritarismo.

Sobre y sub representación

Sólo desde el dolo o la ofuscación se puede afirmar que AMLO es un lastre para la izquierda mexicana, como lo señaló el diario español El País, en su editorial del pasado 15 de julio. Basta un dato para desmentirlo: en las elecciones intermedias del 2009, el PRD sufrió un descalabro electoral al obtener el 12.2% de los votos, ubicándose muy cerca del Partido Verde, la cuarta fuerza política. Debido a su bajo nivel de institucionalización y alta dependencia en liderazgos carismáticos, es regla que al PRD le vaya mucho mejor en las elecciones presidenciales que en las intermedias. En las dos ocasiones en las que AMLO ha abanderado a la coalición de fuerzas progresistas, éstas han obtenido su mayor votación y el mayor número de escaños parlamentarios.

Paradójicamente, quienes mejor han entendido este factor y por ende le han sacado más jugo, han sido los chuchos, quienes se presentan como la corriente antagónica. Aprovechándose del inocultable desinterés de López Obrador de la vida interna del PRD, y de que Morena no cuenta con canales para traducir votos en escaños, en los últimos años, Nueva Izquierda, sus aliados y quienes pactan con ésta haciéndose pasar como oposición interna, se han apoderado del aparato partidista.

Fue así como en el primer semestre de 2012, no más de diez “operadores” palomearon a puerta cerrada la lista de candidatos que gracias al arrastre de López Obrador a nivel nacional, y en algunas entidades al impacto de su abanderado, como el caso de Miguel Ángel Mancera en el Distrito Federal, llegarán a partir del 1ro de septiembre a un espacio de representación popular. Es regla general que AMLO obtenga mayor porcentaje de voto que los candidatos a diputados y senadores del Movimiento Progresista. Se da así un desfase entre los casi 16 millones de votos que obtuvo López Obrador y la escasa presencia que tendrá su línea política en el Congreso y en los parlamentos locales.

La historia del 2006 tiende a repetirse. Tan pronto tomen protesta, muchos le darán la espalda al tabasqueño. El caso de Ruth Zavaleta, de Nueva Izquierda, es ilustrativo. Llegó a ser presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro a través de las siglas del PRD. Acto seguido, se volcó al calderonismo y posteriormente al PRI.

Desde hace seis años en el PRD se ha instaurado una relación sumamente funcional para Nueva Izquierda y sus allegados, pero deficitaria para AMLO. Los chuchos han crecido desproporcionalmente gracias al respaldo popular del ex candidato presidencial y a que éste, bajo el argumento de no involucrarse en los asuntos internos, ha permitido que otros decidan. Hay veces que en política no querer tomar una decisión implica que ya se tomó una decisión. Como crecientemente se dice en Morena, mientras unos cultivan, otros cosechan.

Carisma vs burocracia

Estas tensiones no son coyunturales: se derivan de la histórica disonancia perredista entre  sus fuertes liderazgos carismáticos y una débil institucionalización que nunca acaba de cuajar. El crecimiento electoral del PRD siempre ha estado ligado casi exclusivamente a estas figuras. Por ello, como apunta el profesor Octavio Rodríguez Araujo, los partidos de izquierda y particularmente el PRD deben “desarrollarse y madurar como tales y no a costa de liderazgos que, incluso por razones naturales, son o pueden ser menos permanentes que las organizaciones políticas”.

Sin corriente no hay partido

No es que el PRD haya rehusado intentar fortalecer sus estructuras e implantación territorial. Es sólo que en tal periplo ha naufragado. La ruta que escogió para contrarrestar la hegemonía del caudillo, fue conformar corrientes internas, tal como existen prácticamente en todos los partidos de izquierda en el mundo. Pero estas corrientes no sólo fracasaron en cortar los lazos de dependencia con el líder, sino que devinieron en grupos de interés. Hoy en vez de un partido político, el PRD se asemeja más a una confederación de grupos que acuerdan por canales informales, socavando las vías institucionales. Así, la voz de los individuos, núcleo básico de toda democracia, es sofocada por los intereses corporativistas. Si un militante quiere hacer carrera política en el partido, tendrá que hacerlo a través de una corriente.

En conclusión

La llamada cumbre de las izquierdas –no faltó quien la calificara como un acto histórico– pudo haber sido un formidable espacio para reflexionar colectivamente acerca de éstas y otras asignaturas que se quiera o no, tendrán que atenderse pronto. En vez de ello, salvo excepciones, lo que prevaleció fue el discurso frívolo, los rostros autocomplacientes y en algunos casos las prisas de que el episodio de la calificación de la elección presidencial se dé por zanjado .

Fallos olímpicos y fallas electorales

 

Alejandro Encinas Nájera

En la prueba de viga de los recientemente finalizados juegos olímpicos de Londres 2012, la gimnasta rumana Catalina Ponor mostró (aparentemente) por qué desde Atenas 2004 tenía reservado un lugar en el podio. Tras culminar la presentación de todas las competidoras, su puntaje la haría acreedora del bronce. Todo el mundo atestiguó su rostro de satisfacción y el animado festejo con sus entrenadores y compañeras. En ese momento no le cruzó por la mente que otra gimnasta, inconforme con los puntajes, presentaría una reclamación a los jueces, los cuales por reglamento estaban obligados a revisar. Nadie criticó a la estadunidense Alexandra Raisman por ejercer su legítimo derecho. Lo importante era que estos juegos no se empañaran con la mancha de la incertidumbre y la opacidad. Mientras los jueces observaban en cámara lenta y a lujo de detalle los movimientos en sus pequeños monitores, todo el estadio estaba en vilo. Fueron minutos de mucha tensión. Cuando finalizaron con su revisión, reconocieron que habían omitido algunos elementos en su calificación y no les quedó más remedio que rectificar: Ponor bajaría del podio y Raisman ocuparía su lugar. Muecas aparte, la rumana no objetó que fuera desbancada, pues reconoció que en esta ocasión su adversaria había tenido un mejor desempeño.

En las postrimerías de los juegos olímpicos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitirá el fallo definitivo sobre los resultados de los comicios presidenciales. Pero en México las cosas ocurren al revés. ¿Es siquiera imaginable que los jueces le advirtieran a la gimnasta que no va a ganar “en la mesa lo que no ganó en la viga” sin siquiera conocer su alegato? Seguramente sería un escándalo y la Federación Internacional de Gimnasia los inhabilitaría de sus funciones. ¿O acaso las televisoras que transmitieron la justa olímpica ocuparían sus espacios para presionar a los jueces a declarar válida la puntuación original? Es más, hasta los comentaristas de Televisa reconocieron el derecho de Raisman a impugnar.

Eso en cuanto a la gimnasia. Pero cuando lo que se califica en México es una elección presidencial, el absurdo se lleva el oro. Lo que más sorprende en estos momentos, es que diversos grupos de poder reprueban que el Movimiento Progresista ejerza su derecho a impugnar, conduciéndose estrictamente en los cauces legales e institucionales. Es curioso que la misma cantaleta de siempre –los votos ya se contaron, México ya votó, respetemos la democracia– están ahora presentes tanto en los spots del PRI como del Tribunal Electoral.

Tal es la desmesura, que el magistrado presidente Alejandro Luna Ramos declaró en un momento en el que ni siquiera habían comenzado los conteos distritales que “nadie ganará en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas”. Habría que preguntarle a este señor, ¿entonces por qué la ley contempla un periodo para que los interesados ingresen recursos de revisión que pueden llegar a invalidar una elección? También debiera aclarar desde la solemnidad de su toga, por qué en otras ocasiones, como en Tabasco, Colima y más recientemente en Morelia, aunque la voluntad ciudadana ya había sido expresada en las urnas, el tribunal decidió anular los comicios. Para no variar con la imbricación del deporte con la política, ha de recordarse que en el caso de Morelia los magistrados procedieron a anular la elección porque durante una pelea estelar, Juan Manuel Márquez portó en sus calzoncillos el logo del PRI.

¡Vaya precedente que sentaron en aquella ocasión! Ahora en vez de togas, los magistrados visten camisas de once varas. Y es que si por un calzoncillo se anuló una elección, López Obrador, con el decálogo que presentó a la opinión pública y a las autoridades electorales, ofrece argumentos de sobra para invalidar los comicios presidenciales. Incluso podrían ser invalidados diez veces, porque por sí sólo cada uno de los puntos refiere un agravio contundente a los preceptos constitucionales.

El decálogo arranca denunciando la actitud tendenciosa de los medios de comunicación para favorecer a Peña Nieto y el manejo de encuestas en medios de comunicación con fines propagandísticos. Prosigue señalando que, al erogar $719’500,989.00 en propaganda y movilización, el PRI rebasó el tope de gastos de campaña fijado en $383’388,905.17. Es decir, más del doble de lo legalmente permitido (sin contar la millonaria compra de voto).

El cuarto punto se refiere a las famosas tarjetas de Soriana. En el recurso se anexa la firma de 596 personas que reconocen haber recibido una de estas tarjetas a cambio de votar por el PRI. La siguiente acusación se centra en los monederos Monex, mediante los cuales se efectuó financiamiento con recursos de procedencia ilícita.

Este documento prosigue denunciando la compra y distribución de tarjetas telefónicas como propaganda de Peña Nieto, gasto que por sí sólo ascendió a los 500 millones de pesos. El séptimo argumento para invalidar la elección es la utilización de los gobiernos del PRI en beneficio de Peña Nieto, destacando el caso de Zacatecas.

A la cuenta bancaria de Luis Videgaray, en la cual recibía dinero del gobierno del Estado de México para la campaña de Peña Nieto, se le dedica el octavo punto. Finalmente, los puntos 9 y 10 se enfocan en la multitudinaria compra de voto en todo el país, destacando los operativos en el medio rural.

Los argumentos para invalidar la elección presidencial son sólidos y por lo tanto no pueden ser fácilmente escatimados. Si alguien pensó que con la clausura de los juegos olímpicos se darían por concluidas las gestas sorprendentes, que se prepare para atestiguar los malabares y demás argucias legales que los magistrados filopriístas se aprestan a realizar.

Sin derecho a disentir

Alejandro Encinas Nájera

La oposición política y el periodismo independiente y crítico son pilares indispensables para mantener en pie las libertades de una sociedad. En su ausencia, se erigen gobiernos que al carecer de contrapesos y vigilancia, tienen la vía libre para actuar de manera arbitraria y abusiva.

Hay quienes denigran el papel de la oposición con argumentos tales como “entorpecen la toma de decisiones”, “generan división y encono entre los mexicanos”, “son culpables de la parálisis institucional” y, mi favorita, “están en contra de todo y a favor de nada”. Tras pintar una realidad caótica e ingobernable, la operación discursiva prosigue describiendo una romántica unidad nacional –todos somos mexicanos, nos une el amor por nuestra Patria–.

De manera intencional o ingenua, los detractores de la oposición olvidan que todo poder tiende a ser abusivo, y que por lo tanto la verdadera libertad sólo puede provenir del equilibrio entre poderes. Ya lo afirmaba Montesquieu: “¡Quién lo diría! La misma virtud necesita límites. Para que no sea posible abusar del poder es necesario que, gracias a la disposición de las cosas, el poder detenga al poder.”

Por estas razones la democracia no sólo reconoce las diferencias inherentes a cada sociedad, sino que institucionaliza el conflicto. Así se instaura la división en diversas esferas: Ejecutivo-Legislativo-Judicial; distribución de competencias entre los distintos órdenes territoriales de gobierno; oficialismo-oposición; Estado-sociedad; propiedad pública-propiedad privada; el ámbito secular de la fe, y; discurso oficial-prensa independiente.

El derecho a disentir garantiza que todas las voces sean respetadas y que nadie sea perseguido o peligre su integridad por expresar sus ideas, críticas o preferencias políticas. Es sólo a través de oposición y prensa auténticas como se garantiza su vigencia. Tras el discurso fetichista de la unidad se esconde una predilección autocrática. En la antesala del eventual retorno del PRI a la Presidencia, en el tablero político nacional hay diversas piezas que colocan al disenso en jaque. Son anticipos que reflejan lo que probablemente vendrá.

Atacar a uno para silenciar a todos

Las amenazas y la inminencia del peligro orillaron a que hace un par de días Lydia Cacho tomara la grave decisión de salir del país. Se trata de una periodista que en 2005 dio a conocer una red de pornografía infantil que operaba al amparo de gobernadores y políticos como Mario Marín, y que en 2010 publicó otro libro en el que sacaba a la luz nombres y apellidos de personas relacionadas con la trata de mujeres y niñas.

Tal decisión dista de ser desproporcional. Un reciente comunicado de Amnistía Internacional indica que “al menos 70 periodistas han sido asesinados desde el año 2000, y sigue sin conocerse el paradero de otros 13 periodistas secuestrados. Quienes investigan o denuncian la delincuencia y la corrupción están especialmente expuestos a ataques o intimidación. En la gran mayoría de los casos, los responsables no comparecen ante la justicia, lo que crea un clima de impunidad.”

A tal grado el periodismo se ha vuelto una profesión de alto riesgo, que México tintinea con alerta roja en los radares de organismos internacionales enfocados a defender la seguridad de los periodistas y el derecho a la información, tales como Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19.  

Desconcierta la ausencia de una solidaridad contundente y unificada por parte del gremio al que pertenece Lydia Cacho. Salvo las honrosas excepciones de siempre, los demás, siguiendo el mal ejemplo del mainstream televisivo, prefieren no voltear la mirada del festín olímpico. Siquiera por un momento, ¿les resonará en sus oídos la famosa frase atribuida a Bertolt Brecht en tiempos de la ocupación nazi?

Cuando un periodista es amenazado, no sólo está en riesgo su vida; peligra también la libertad de expresión. En muchos casos, la intimidación y su correlato necesario, la impunidad sistemática, no dejan otra opción que la autocensura. Cuando la voz de un periodista es apagada, la sociedad en su conjunto es acallada. “Después vinieron por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí.”

Las alternativas que el PRI ofrecerá a la oposición

Durante los tiempos de la hegemonía priísta, ser oposición equivalía a estar proscrito y actuar desde la clandestinidad. A quienes disentían en el universo laboral se les combatía a través de la violencia, al tiempo que se instauró una relación corporativista que garantizaba la lealtad de las cúpulas sindicales con el gobierno. En cuanto al sistema de partidos, para mantener las apariencias de un régimen democrático, el PRI auspició la creación de partidos satelitales o paraestatales, relegados a fungir un papel testimonial y legitimador. En la mal llamada pax priísta, se instauró una regla no escrita. Si la premisa para Porfirio Díaz era que sus amigos podían esperar justicia y gracia y sus enemigos justicia a secas, el priísmo prolongaría esta lección de poder: primero intentaría cooptar al disenso; ahí muchos claudicaban. Si esta vía no funcionaba, entonces sí, recurrían a la represión. Y para justificar la represión, hay que criminalizar el disenso.

Lo anterior viene a colación, por el último comunicado de Soriana, empresa acusada de estar envuelta en la multitudinaria compra de votos priísta. En inserción pagada en plana completa del diario Reforma, responsabilizan a dirigentes del Movimiento Progresista de los daños físicos y materiales, luego de que en la sucursal del municipio Guadalupe, Nuevo León, un grupo de desconocidos lanzara una bomba molotov. Careciendo de sustento alguno para vincular tales actos de violencia –totalmente reprobables– con López Obrador, la acusación no es sino la prolongación de la guerra sucia para denostar a la oposición. La operación es tan sencilla que colinda con el infantilismo: asaltaron una tienda Soriana, la culpa es de López Obrador; las ventas han disminuido, acertaste...la culpa es de López Obrador.

A lo largo de la historia, ha sido a través de esta fórmula discursiva como se ha pretendido que la protesta pase a ser sinónimo de delincuencia e incluso de terrorismo. Realizada tal conversión, se hace un llamado a restaurar el orden y la legalidad, con lo cual se legitima el uso de la fuerza pública en contra de los opositores.

Una azarosa anécdota que ilustra de maravilla los esquemas cognitivos del PRI y de los grupos de interés dominantes en el país, la ofrece el reciente desliz de Rafael Cardona, comentarista de Televisa. Al calor del debate, dijo al aire que Jesús Zambrano formaba parte del “#YoSoy23deSeptiembre”, confundiendo y combinando los nombres de una liga guerrillera de los años 70s con un movimiento estudiantil contemporáneo que rechaza tajantemente la vía armada y participa a través de los cauces legales y democráticos. Y es que para ellos quienes disienten, independientemente de la vía, son lo mismo en tanto no se suman al llamado de la unidad. Por lo tanto son adversarios, masiosares y extraños enemigos que no quieren que el país progrese.

Para concluir

Lejos de ser hechos aislados y azarosos, la salida forzada de Lydia Cacho del país y el comunicado difamador de Soriana reflejan el estado del tiempo en el preludio del retorno del PRI a Los Pinos. Son muestras preocupantes de los contratiempos que tendrán que sortear quienes disienten del régimen. Los priístas se frotan las manos impacientes de que el tribunal electoral ratifique los resultados para saldar cuentas con quienes osaron burlarse de las pifias del ungido. Mientras tanto, con soberbia desplegada en constantes amenazas, lanzan entre líneas la recomendación de que la oposición no sea oposición y que la prensa libre sucumba a los deleites del chayote, o sea, que cooperen con la “unidad nacional”, porque no hay que olvidar quién va a detentar el poder. 

¿Autoritarismo competitivo?

 

Alejandro Encinas Nájera

Nuestra corta y acaso efímera historia en democracia constata que andar por buen camino no asegura que se arribe al destino deseado, ni mucho menos que las sociedades que eligieron la vía democrática adquieren inmunidad ante una involución autoritaria.

Si aceptamos que no vivimos en una democracia plena, falta aclarar en qué contexto nos encontramos. Entre lo antiguo que aún no muere y lo nuevo que está por nacer, existe un intervalo que es oportuno comenzar a pensarlo ya no simplemente como una forma institucional híbrida y transitoria, sino como la conformación de un tipo específico de régimen que puede prolongarse por un largo periodo. El problema que la ciencia política debe enfrentar en la actualidad, es que en tanto ha emergido una extensa literatura concerniente a las causas y consecuencias de los procesos de democratización, la investigación que se ha emprendido acerca de la emergencia o persistencia de regímenes no democráticos es escasa.

Democracia restrictiva, incompleta, selectiva, pseudo, de fachada, delegativa, degradada: con el afán de alcanzar la precisión conceptual, las investigaciones se han visto obligadas a adjetivar la democracia, haciendo patente su estado inacabado. En respuesta a este vacío conceptual, los politólogos Steven Levitsky y Lucan Way, el primero de Harvard y el segundo de la Universidad de Toronto, lanzaron una controversia a sus colegas, al proponer que sería más adecuado hablar de formas atenuadas o reducidas de autoritarismo que seguir inventando  adjetivos para la democracia.

Tras plantear esta idea, se encargaron de elaborar un concepto que a la luz de lo ocurrido en México en los últimos tiempos resulta sugerente analizar para categorizar y comprender el régimen que se ha configurado tras el paso de la alternancia: el autoritarismo competitivo.

En el régimen de autoritarismo competitivo,  las instituciones formales de la democracia están ampliamente aceptadas como  el medio para obtener y ejercer la autoridad política. Sin embargo, quienes detentan cargos públicos violan tan frecuentemente esas reglas, que el régimen no alcanza a cubrir los estándares mínimos para ser considerado democrático.

La violación a estos criterios es tan frecuente y tan severa que aunque la disputa entre gobierno y oposición es competitiva, se desarrolla bajo condiciones inequitativas  que favorecen al partido en el gobierno. A pesar de que las elecciones se celebran regularmente y por lo general están exentas de un fraude masivo, los gobernantes suelen abusar de los recursos estatales y desviarlos a favor de su candidato. A la oposición se le niega una adecuada cobertura en los medios de comunicación; los candidatos opositores y sus simpatizantes son intimidados y en algunos casos hay manipulación de los resultados electorales. Los periodistas, la oposición política y los críticos del gobierno son acosados, espiados o arrestados. Los regímenes caracterizados por estos abusos, en palabras de Levitsky y Way no pueden ser llamados democráticos.

A pesar de que los gobernantes en el autoritarismo competitivo pueden manipular rutinariamente las reglas democráticas, son incapaces de eliminarlas o reducirlas a una mera fachada. En vez de violar abiertamente las reglas del juego, es más común el uso de formas más sutiles y encubiertas, como el soborno, la cooptación, la persecución selectiva por medio de auditorias fiscales, la supeditación de los jueces a la voluntad del ejecutivo, y el uso faccioso de otras agencias estatales para “legalmente” intimidar, perseguir y forzar a los críticos del gobierno a asumir una conducta cooperativa. Sin embargo, la persistencia de instituciones democráticas crea una arena en la cual las fuerzas de oposición pueden lanzar desafíos relevantes. Como resultado, aún cuando las instituciones democráticas están dañadas, los gobernantes deben tomar en serio a sus oponentes.

En este tipo de régimen existen cuatro arenas de disputa que permiten que las fuerzas de oposición reten, debiliten y eventualmente venzan a los gobernantes autocráticos.

La primera de ellas es la arena electoral. Para Levitsky y Way, a pesar de que los procesos electorales se caracterizan por una larga serie de abusos por parte del poder estatal, por el sesgo negativo con el que los medios de comunicación informan sobre las actividades de la oposición, por la intimidación a los candidatos oponentes y a sus simpatizantes, y sobre todo por una escasa transparencia, las elecciones se celebran con regularidad, de manera competitiva y por lo general libres de un fraude electoral masivo. En muchos casos, la presencia de observadores internacionales y la existencia de conteo de votos paralelos, disuaden las intenciones de los gobernantes de cometer un fraude. Como resultado, las elecciones generan un monto considerable de incertidumbre sobre los ganadores y los perdedores.

La segunda arena es el Poder Legislativo, el cual en este tipo de régimen suele ser débil frente al Ejecutivo, pero ocasionalmente se convierte en foco estratégico de actividad opositora. Esto es particularmente usual en casos en que el Ejecutivo carece de una fuerte mayoría en el Congreso. Como ejemplo, la oposición puede bloquear las iniciativas de reforma del presidente, tal como sucederá a lo largo del próximo gobierno.

La tercera arena es la judicial. Aunque los jueces estén por lo general subordinados al Poder Ejecutivo a través de vías sutiles como el soborno, la extorsión y la cooptación, la combinación entre la independencia formal y el control incompleto del aparato por parte del Ejecutivo, pueden dar un margen de maniobra a jueces no alineados. A pesar de que los gobernantes pueden castigar a los jueces que fallaron en contra de ellos, estos actos pueden traerles costos importantes en términos de legitimidad interna e internacional.

En el autoritarismo competitivo los medios  no son controlados por el gobierno. Tampoco están bajo el acecho de un alto grado de censura y/o de represión sistemática. Es más, los medios independientes no sólo son legales, sino también influyentes. Los periodistas pese a que con frecuencia son amenazados, pueden llegar a emerger como figuras de oposición destacadas. Los medios independientes pueden jugar el papel de críticos vigilantes que a través de la investigación expongan los abusos del gobierno. Los titulares del Ejecutivo que busquen suprimir a los medios independientes, usarán mecanismos sutiles de represión. Estos métodos incluyen el soborno, la asignación selectiva de la publicidad gubernamental, la manipulación de la deuda y los impuestos de los consorcios mediáticos, y la promoción de un marco legal restrictivo que facilite la persecución de los periodistas opositores.  El gobierno también hará extensivo el uso de la difamación como forma de intimidar o perseguir a un medio independiente bajo una fachada legalista.

Desconozco si estos dos politólogos angloparlantes coincidirían en que el México de nuestros días puede clasificarse como un autoritarismo competitivo. De hecho, su artículo fue publicado en 2002, cuando las expectativas de nuestro bono democrático eran elevadas  y las voces críticas marginales. Pese a que no conocieron nuestro caso cuando lanzaron esta controversia a los estudios convencionales, ¿acaso no son demasiados los paralelismos entre su teoría y la narrativa mexicana contemporánea? Es pregunta.