jueves, 26 de julio de 2012
De la transición a la tranzación
Alejandro Encinas Nájera
Se solía suponer con entusiasmo de sobra, que la transición de un régimen autoritario a uno democrático consistía en un periodo temporal y pasajero, un proceso de carácter lineal, ascendente y acumulativo. La ruta estaba previamente trazada y el destino a puerto seguro era inevitable. Más tarde, politólogos como Guillermo O´Donnell, jugaron el papel de apagafiestas, al advertir que muchos de los países que estaban inmersos en transiciones no lograron alcanzar la consolidación y revirtieron en nuevas formas de autoritarismo. Otros tantos permanecieron en un área gris, intermedia, empantanados como ahora lo está México.
Si alguna lección dejó la llamada tercera ola de transiciones, es que ninguna sociedad puede considerar que la vigencia de su democracia está asegurada. De eso estaba consciente el presidente Raúl Alfonsín en la Argentina de la posdictadura. Mirando a su alrededor –a la clase política, el Ejército, el clero, los grupos dirigentes y en general a la sociedad– llegó a la conclusión elemental de que para edificar una democracia se requieren demócratas. Dicha reflexión embona a la perfección en el México actual. El legado autoritario persiste a través de la cultura y el comportamiento político cotidiano, al tiempo que las instituciones democráticas apenas están dando sus primeros pasos y precisan de compromiso democrático, un recurso a lo sumo escaso entre la vieja guardia. Las nuevas instituciones aún están habitadas por personajes del viejo régimen que, cómodamente instalados, no tienen la menor intención de mudarse y ni siquiera de cambiar de muebles.
¿Y qué hay de la nueva guardia? El hecho de que las canas se tiñan de color castaño, la calvicie se subsane con injertos milagrosos, y las corbatas den paso a camisas con sólo tres botones abrochados, no implica un cambio cultural. Si acaso existe alguna diferencia entre el nuevo PRI y su old school, es que los nuevos inquilinos han desterrado el recurso retórico nacionalista, y en vez de organizar sus cónclaves en Acapulco o en Palacio Nacional, prefieren un yate en Miami. Pero más allá de la forma (que tampoco es que haya cambiado mucho), en el fondo hay una inquietante continuidad, una identidad intergeneracional.
Nuestra democracia sufre desnutrición de compromiso e indigestión de agravios. En vez de vivir la plenitud de una transición, padecemos los pesares de una tranzación. Nos dieron gato por liebre. Cambiando todo para que todo siga igual, arribamos al régimen gatopardo. Los apologistas de nuestra transición –empecinados en refutar cualquier mancha que ose demeritar su pulcritud– creen que la democracia es una cuestión meramente técnico-administrativa; –Que los votos se cuentan y se cuentan bien– sostienen desde un restrictivo enfoque de aritmética pura. Se niegan a reconocer que una problemática mayúscula en las democracias contemporáneas es que aunque los votos se cuentan (en eso sí que se ha avanzado mucho), los intereses se pesan. Esto es, si bien el voto que Emilio Azcárraga depositó en la urna tiene el mismo valor que el de un ciudadano desposeído, evidentemente sus intereses no tienen el mismo peso a la hora de tomar las definiciones políticas cruciales.
Si algún observador quisiera analizar el impacto que el dinero ejerce en un sistema democrático, inevitablemente tendría que acudir al caso mexicano, pues le aportaría abundante información. El estudioso tendría que preguntarse: ¿De dónde sale tanto dinero para el proselitismo en un país con tanta desigualdad en el que la construcción de una escuela rural queda suspendida por falta de recursos? ¿De qué modo se relaciona la cantidad de dinero que cada candidato gasta, con la cantidad de votos que obtiene? Seguramente llegaría a conclusiones muy interesantes. Para dotarlas de mayor rigor, su vocación metodológica le obligaría a realizar una prueba contrafactual: ¿Hubiera resultado ganador Peña Nieto en ausencia del dinero? Si no hubiera recibido el apoyo de Televisa, ¿qué hubiera pasado?
Esto lo han captado estupendamente los ciudadanos que en las últimas semanas se han movilizado para denunciar que la nuestra es una democracia de fachada, cosmética. Saben que debido a su capacidad para corromper una elección, la oligarquía de los medios de comunicación aliada con las oligarquías económicas y financieras, constituye una grave amenaza. Imputan que los billetes –o en su defecto, los monederos electrónicos– quebrantan las boletas. Rechazan argumentos cínicos y leguleyos del tipo “como el lavado de dinero en una campaña y su financiación a través de fuentes de procedencia ilícita no están tipificados en la ley como causales para invalidar una elección, no hay nada que se pueda hacer...” De lo que se desprende “así que mejor váyase a su casa y encienda el televisor, deje que nosotros los expertos, los opinadores de todo especialistas de nada, pensemos y decidamos por usted”.
Pero el viejo PRI, el nuevo PRI, el PRI de siempre ahora se topó con una muralla. Podrán seguir empleando su jerga solemne, sus ademanes corporales en tribuna (mezcla de Nixon con López Mateos), sus ritos y alabanzas al poder; querrán cooptar, desarticular o reprimir cuando lo demás no les funcione; intentarán mayoritear, imponer hasta revertir nuestra transición; invocarán discursivamente a la democracia mientras andan por el camino de la tranzación. Sin duda, la democracia en México se encuentra entrampada. Pero hoy, a diferencia de ayer, hay ciudadanos y hay una oposición fuerte.
¿Qué sigue para la izquierda mexicana? (2/2)
Alejandro Encinas Nájera
Segunda parte. El papel de la izquierda en la coyuntura nacional: lo que vendrá
Corresponde en estos tiempos limpiar la elección. Ningún demócrata puede pasar inadvertido que no sólo se trata de un derecho, sino de una obligación republicana. Que en todo el mundo se sepa lo que pasó en México en 2012 y que quede registrado en la historia. El TEPJF no puede desechar de un borrón el sólido recurso del Movimiento Progresista, mediante el cual demanda que se invalide la elección presidencial debido a que no existieron condiciones equitativas y transparentes, y por ende no se realizaron comicios libres y auténticos. Y es que mientras prevalezca en el país tanta desigualdad y marginación, la compra de voto seguirá ejerciendo una influencia abrumadora.
Me gustaría estar equivocado, pero me temo que se llevará un nuevo desaire todo aquél que deposite sus expectativas en un Tribunal corrompido, cuyas resoluciones sistemáticamente se han supeditado a satisfacer los intereses de quienes mandan en este país. Es vano pretender que la solución para que nuestra democracia salga de este atolladero provendrá de los juzgados. La clave estriba en otro lado y la portan otros actores: una ciudadanía participativa que tienda puentes con las fuerzas progresistas. Durante las próximas semanas, no hay que dejar de tener bajo la lupa el desempeño de los magistrados –mostrando sus omisiones, negligencias e inconsistencias–. Pero al mismo tiempo ha llegado la hora de que desde la izquierda se convoque a un amplio debate nacional para replantear y fortalecer su papel en la escena política.
La izquierda ha de abrir un proceso de reflexión sobre aquello que hizo y dejó de hacer, reconociendo sus avances sin caer en el conformismo y la autocomplacencia. Así, deberá proyectar programas y estrategias que guíen sus acciones durante los próximos años, teniendo las miras puestas en afianzar el apoyo ciudadano que se expresó en 2012 e incrementar su caudal de simpatías y adhesiones para enfrentar decididamente los desafíos que se aproximan.
La gran lección que dejó la coyuntura electoral es que la sociedad mexicana ha cambiado, pero las instituciones permanecen ancladas en el pasado. De imprevisto llegó la hora en que amplios sectores se han desencantado del desencanto y han decidido tomar las riendas del devenir político. De esta manera, la brecha entre esta ciudadanía y las esferas de la política institucional se amplía dramáticamente. La izquierda partidista no es la excepción. Por lo tanto, está emplazada a actualizar sus contenidos y fines no sólo para nutrirse de esta innovación, sino también para acompañar a esta ciudadanía revitalizada en la apertura de nuevos cauces participativos. Esta energía se concentra principalmente en las juventudes que demandan una renovación tajante del pensamiento y el quehacer político al servicio de la transformación social.
Hay que superar esa falsa dicotomía entre acción parlamentaria y movilización social. Lejos de ser opuestas, desde la izquierda se puede plantear una relación de complementariedad en la cual la protesta ciudadana encuentre ecos y voces que la representen en las cámaras, e inversamente, para que las reformas legislativas progresistas prosperen, precisan contar con un amplio respaldo social.
Las fracturas y divisiones internas siempre han sido el “talón de Aquiles” de la izquierda mexicana. Mientras la derecha se articula de manera compacta, homogénea y se apresta organizadamente a la disputa electoral para conservar los privilegios de los grupos de poder que la auspicia, la izquierda carece de altura de miras y se desgasta en pugnas intestinas por el acomodo y la repartición de cargos. Así ha desdibujado su bagaje ideológico, que es lo que la hace diferente a las otras ofertas electorales. En distintos momentos ha quedado demostrado que cuando la izquierda va unida y deja a un lado disputas irrelevantes para defender ideas y proyectos, ha conseguido sus mayores triunfos. Así ha sucedido no solamente en contiendas electorales en las que la labor conjunta fue el factor decisivo, sino también en la conquista de nuevos derechos cívicos y libertades, coyunturas como la defensa de los recursos naturales y diversos episodios en los que la izquierda con su actuar articulado, ha contenido los excesos de los grupos de poder e impedido que se consuman despojos a la nación.
La izquierda es un abanico de ideas, posturas, intereses y grupos de lo más diversos. Es innegable que el actual modelo partidista de convivencia que ha degenerado en grupos de presión y de interés que intercambian prebendas entre sí, ha fracasado rotundamente. Esta vida orgánica ha distanciado a esta expresión política de miles de ciudadanos dispuestos a hacer algo por su país, y ha excluido de la militancia activa a muchos compañeros de lucha cuyos aportes serían de gran valor en la actualidad. Es sintomático que el debate ideológico del papel de la izquierda ha quedado relegado a un segundo plano si no es que prácticamente ha desaparecido al interior de los partidos. Esta situación es insostenible. No se trata de buscar la unidad a toda costa asfixiando la pluralidad y el derecho a disentir. Por el contrario, la izquierda debe reconocer sus diferencias para actuar en un frente común. En los próximos meses se deben sostener debates intensivos para encontrar colectivamente un modelo alternativo de convivencia democrática que permita que la amplia diversidad de posturas y expresiones puedan habitar bajo el mismo techo, al tiempo que existan consensos en lo fundamental y una acción coordinada para hacer frente a los retos, problemas nacionales y al desafío que implica el retorno del PRI a la Presidencia.
Y es que Enrique Peña Nieto fue formado en la vieja escuela priísta que concibe a la oposición como un accesorio decorativo que da bríos democráticos al régimen. Así lo ha demostrado en diversas ocasiones, como cuando planteó reducir el número de diputados de representación proporcional, en su propuesta de crear una cláusula de gobernabilidad que produzca mayorías artificiales, o en discursos en los que llama a la oposición a sumarse a su proyecto bajo el fútil argumento de que nos “une el amor por México”. Mediante esta simulación democrática pretende que prosperen sus reformas estructurales. Este escenario adverso obliga a la principal fuerza opositora, el Movimiento Progresista, a cumplir con una responsabilidad. La oposición no tiene que ponerse al servicio del ganador ni sumarse a “la unidad”, como sugiere la retórica priísta. La oposición tiene que ser precisamente eso: oposición. En otras palabras, el Movimiento Progresista tiene que asumir un papel de oposición leal; no con el poder y sus instrumentos de cooptación, sino con la democracia y la ciudadanía.
En la próxima Legislatura, el progresismo deberá ejercer un papel protagónico en la construcción de puentes de entendimiento e interlocución con las demás fuerzas políticas, entre las que se incluye el partido en el poder. No obstante, deberá asumir una postura firme para impedir medidas y reformas lesivas para el país. Para cada “reforma estructural”, la izquierda ha de proponer una alternativa: sí a la reforma de medios de comunicación, pero con carácter democrático; sí a la reforma energética, pero partiendo de la necesidad de modernizar y combatir la corrupción de las empresas públicas y garantizando que los recursos energéticos sigan siendo propiedad de todos los mexicanos; sí a una reforma laboral siempre y cuando garantice y expanda las conquistas de los trabajadores.
Sería inaceptable que la izquierda dilapidara el capital político y el amplio apoyo ciudadano que emergió de las urnas el 1 de julio de 2012. No es aceptable cometer el mismo error de hace 6 años, cuando la izquierda era segunda fuerza en el Congreso, pero el PRI sigilosamente fue recuperándose y en los hechos fungió como segunda fuerza cogobernante. La izquierda debe transitar del pensamiento marginal y contestatario, a lo que los ciudadanos le están reclamando que sea: un bloque político con una inmensa capacidad y respaldo popular para incidir en los destinos de México. El progresismo ha de estar a la altura que reclaman estos momentos. Y en los tiempos venideros, prepararse para asumir la conducción de este país, pues como dijo Salvador Allende, “no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”.
martes, 10 de julio de 2012
¿Qué sigue para la izquierda mexicana? (1/2)
Alejandro Encinas Nájera
Primera
Parte. Un balance electoral
El 2 de julio de 2012, muchos integrantes y
simpatizantes del Movimiento Progresista amanecieron desencantados, cargando a
cuestas el peso de un nuevo desaire. No era para menos: el compromiso y entrega
a una causa, la vitalidad y el trabajo en territorio –barrios, colonias,
centros de trabajo y escuelas–, al fin serían medidos en las urnas. La
irrupción de las juventudes en la arena pública multiplicó ese entusiasmo y las
expectativas de millones. En la jornada electoral, esos anhelos de cambio se
enfrentaron con viejas trapacerías y estructuras anquilosadas de poder: con los
cacicazgos locales, los gobernadores priístas que mandan en sus estados como
señores feudales, la alianza del grupo Atlacomulco con los grandes consorcios
mediáticos y los poderes fácticos, el control corporativo y el pacto de
impunidad sellado por los dos grandes partidos de la derecha mexicana.
Ese primero de julio, a través de muchas trapacerías
y bajo condiciones diametralmente inequitativas, el bloque conservador logró
que su candidato predilecto para esta ocasión, Enrique Peña Nieto, obtuviera la
mayor cifra de votos.
Vendrán tiempos difíciles para el país. El retorno
del PRI a la Presidencia puede degenerar en una involución hacia el
autoritarismo. En efecto, si con Felipe Calderón nuestra transición a la
democracia se truncó, en el sexenio de Peña Nieto se corre el riesgo de que sea
abortada en definitiva. No hay democracia que tenga su futuro asegurado, y,
como recientemente señaló el historiador Lorenzo Meyer, la nuestra ha vuelto a
colocar en el centro político a uno de sus enemigos más acérrimos y astutos.
Además, sin siquiera contar con la constancia de
mayoría, el abanderado priísta anunció que su gobierno pondrá en marcha desde
el primer minuto las llamadas “reformas estructurales”. Se trata de un término
eufemístico que esconde a través del lenguaje “políticamente correcto” el verdadero plan: profundizar el saqueo
neoliberal en temas de vital importancia nacional como el laboral, energético y
fiscal. Desde esta zozobra pareciera que el abanderado priísta alberga la
ilusión de contar con un amplio respaldo del electorado que le permitiría
impulsar cómodamente su agenda de compromisos adquiridos. Pero las cuentas son
implacables. De confirmarse la validez de la elección, Peña Nieto llegaría con
un respaldo minoritario, en tanto el 62% del electorado optó por darle su voto
a otra fuerza política, por no mencionar a quienes se abstuvieron de acudir a
las urnas.
Parafraseando el microrrelato de Augusto Monterroso,
cuando los mexicanos despertamos, el dinosaurio todavía estaba allí. Sin
embargo, hay un dato alentador que agregar: que ese dinosaurio ya no va a
encontrar súbditos, sino ciudadanos. Ante el regreso de un partido que hoy se
despliega ávido, recargado y con el ánimo de saldar cuentas, la izquierda
mexicana no puede permitirse un solo día de pasmo y desencanto. Es ésta una
lucha de largo aliento, que nunca cesa, siempre inacabada, en permanente
construcción de su devenir. Esto pasa por reconocer y reivindicar nuestros logros
y avances en este decisivo año electoral:
1. Debe recordarse que en la elección inmediatamente
anterior, la de 2009, el PRD a causa de varios factores, entre los que destaca
su confrontación interna, sufrió un descalabro electoral al haber obtenido tan
sólo el 12.2% de los votos. Con estas cifras, el partido del sol azteca se
encontraba más cerca a la cuarta fuerza –el Partido Verde–, que de la segunda
posición ocupada por el PAN. Incluso estas perspectivas desalentadoras se
prolongaron hasta inicios de 2012, momento en el que todas las encuestas
ubicaban al candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador,
en un tercer lejano sitio, a 26 puntos de distancia de Enrique Peña Nieto. Con
todo y guerra sucia, control corporativo, manipulación de las encuestas y
compra de votos, el primero de julio esa cifra se redujo a 6.6 puntos
porcentuales.
2. No se le ha dado el valor que merece el hecho de
que en 2012 la izquierda obtuvo la mayor votación en toda su historia. En las
controvertidas elecciones de 2006, los cómputos oficiales reconocieron a la
Coalición Por el Bien de Todos 14 millones 683 096
votos; seis años después, pese a la crisis del 2009, el Movimiento Progresista
obtuvo de 15 millones 896 999. Es decir, tuvo un incremento de 1 millón 213 903
votos.
3. El asombroso crecimiento electoral de
las izquierdas no podría explicarse sin la efervescencia juvenil. En tanto que
Enrique Peña Nieto fue el puntero en las preferencias de los ciudadanos mayores
a 50 años, los menores de 29 años en su mayoría prefirieron votar por las
izquierdas. Esto significa que está emergiendo un electorado pujante,
modernizador, insatisfecho y progresista. Se trata de un cambio generacional
que de seguir bajo este curso, al paso de los años se irá expandiendo. Es una
realidad que ha llegado para quedarse y para transformar el país.
4. La izquierda tuvo grandes éxitos a
nivel local, destacando los siguientes casos:
·
En
Tabasco –uno de los estados más ricos en recursos naturales, pero de los más
rezagados en cuestiones de desarrollo, debido a los más de 80 años
ininterrumpidos de gobierno priísta–, el Movimiento Progresista ganó la
gubernatura, instaurando de este modo una auténtica alternancia.
·
Situación
similar ocurrió en Morelos, entidad con una enorme tradición de lucha agrícola
y que ahora decidió castigar a los gobiernos corruptos del PRI y del PAN. La
ciudadanía confirió su confianza a la izquierda, con la encomienda de enfrentar
la crisis de inseguridad y las desigualdades prevalecientes en este estado.
·
Jalisco
es un estado estigmatizado como conservador, pero un silencioso y veloz proceso
de urbanización y modernización ha desencadenado paralelamente una
transformación en los valores y en la cultura política de los ciudadanos. De
tal forma, aunque el progresismo no alcanzó la mayoría, sí sentó un parteaguas
mediante la candidatura de Enrique Alfaro, quien pese a haber sido postulado
únicamente por Movimiento Ciudadano, obtuvo el 34.18% de los sufragios. Si la
nula altura de miras de la burocracia perredista en el estado no hubiera
impedido la unidad de las izquierdas, con la suma del 3.41% de votos que obtuvo
el PRD abanderando a un ex panista, Alfaro prácticamente estaría en empate técnico
con el PRI, disputando seriamente la gubernatura.
·
La
capital del país reafirma su vocación de vanguardia. La izquierda sentó en el
DF un hito histórico, obteniendo 3 millones 031,160 sufragios (63.58%). Hace
seis años Marcelo Ebrard obtuvo 2 millones 215,147, lo cual implica que la base
electoral de la izquierda en el DF incrementó alrededor de 816,000 votos. A
nivel distrital y delegacional, también es el mejor resultado en la historia de
la izquierda capitalina. Los ciudadanos de las delegaciones anteriormente
gobernadas por el PAN, decidieron esta vez optar por la alternancia a favor de
las izquierdas. Es el caso del contundente triunfo en Miguel Hidalgo. En cuanto
a la demarcación Benito Juárez hay prácticamente un empate técnico. En suma,
tras 15 años de buen gobierno, los capitalinos refrendaron su apoyo y
reconocieron la labor de la izquierda.
·
Otro
caso destacado es el norte del país, históricamente difícil para la izquierda.
En Nuevo León las preferencias se repartieron en tercios. Ahí, en años anteriores
la izquierda no sólo estaba borrada del mapa, sino también despertaba temores
en varios sectores de la sociedad. En 2006, López Obrador obtuvo 164,942
(9.4%); seis años después 434,650 (22%). Algo similar ocurrió en Baja
California, entidad en la que López Obrador obtuvo 375,803 votos.
·
En
Guerrero se refrendó la mayoría izquierdista; lo mismo en Oaxaca y Puebla,
entidades gobernadas en alianza con el PAN. En Veracruz, estado dominado por un
priísmo violento y desfasado, la elección sorprendentemente se fue a tercios.
Tlaxcala se gana, pese a la operación del gobierno priísta. Quintana roo
refrenda su perfil progresista, aun cuando es gobernado por el PRI; Hidalgo
aportó 400 mil votos, pisándole los talones al PRI en una entidad en la que
nunca se ha dado la alternancia. Y en Michoacán la izquierda está en franca
recuperación, tras la grave pérdida de la gubernatura en el año 2011,
desbancando ahora al PAN de la segunda posición.
·
En
contraparte, Chiapas y Zacatecas, el primero gobernado por el neoperredista
Juan Sabines, y el segundo por el experredista Miguel Alonso Reyes, presentan
resultados atípicos y en franca oposición a su tendencia histórica. También hay
que evaluar por qué en 22 estados, la alianza de izquierdas no ganó ni uno de
los diputados uninominales, y por qué en las presidenciales de 2006 ganamos en
16 entidades y en 2012 la cifra se redujo a 8.
·
En
el Estado de México, cuna de Enrique Peña Nieto y entidad en la que se
concentró la mayor cantidad de compra de voto y trapacerías electorales, el
priísmo calculaba arrasar para neutralizar la copiosa votación del DF a favor
del progresismo. No fue así. La izquierda tuvo un éxito rotundo, recuperando
municipios metropolitanos de alto peso demográfico como Nezahualcóyotl y
Texcoco.
5. Un dato a destacar –sobre todo
considerando que cada vez es más simétrica la balanza de poder entre el
Ejecutivo y el Legislativo a nivel federal–, es que ningún partido o coalición
contará con mayoría absoluta en la próxima Legislatura. Esto quiere decir que
no hay ganadores absolutos, como tampoco hay perdedores absolutos. Los
mexicanos no quieren soluciones de un solo hombre, como pretenden los
nostálgicos del viejo presidencialismo. Continuaremos con los llamados
gobiernos divididos, cuya regla es que las fuerzas políticas tendrán que
escucharse, negociar y generar acuerdos si es que pretenden que sus iniciativas
se hagan realidad. A partir de
septiembre las izquierdas serán la segunda fuerza política en la Cámara de
Diputados, constituyéndose así como la oposición más importante a Enrique Peña
Nieto. Sin embargo, será el Senado el principal bastión de oposición al PRI.
Sumados los escaños del PAN y del
Movimiento Progresista en el Senado, rebasan cómodamente la mayoría absoluta,
lo cual implica que toda reforma que pretenda impulsar Peña Nieto deberá contar
con la aprobación al menos de una parte de la oposición.
En suma, pese a que es del todo
lamentable no haber obtenido la Presidencia de la República, no hay lugar ni
tiempo para el desánimo: la izquierda se ha consolidado como la segunda fuerza
política en el país y eso conlleva a asumir inmediatamente el deber que el
electorado nos ha conferido. Por si esto fuera poco, este bloque político ha
repuntado drásticamente en zonas en las que estaba borrado del mapa (Nuevo
León, Baja California), afianzando sus bastiones electorales (DF, Guerrero,
Oaxaca), e inaugurando una etapa democrática en estados históricamente
dominados por caciques (Morelos, Tabasco y en menor medida, Jalisco). Salvo
Chiapas y Zacatecas, dos “atípicas excepciones” –por decirlo en términos
sutiles–, el común denominador es que las fuerzas progresistas han salido
fortalecidas en entidades con tradición en la lucha social.
Haciendo un balance general, la izquierda ha
triunfado en 2012. Nadie puede cuestionar que ha incrementando ampliamente su
capital político. El desafío será ponerlo al servicio de la defensa de las
causas populares y ejercer un papel determinante en el rumbo del sexenio que
iniciará en diciembre de 2012 y culminará en 2018. Bajo este nuevo escenario y
esta correlación de fuerzas, las preguntas pertinentes son: ¿Qué hacer? ¿Qué
sigue para la izquierda mexicana? Dedicaré la siguiente entrega a aportar
algunos elementos para responder estas preguntas.
Los conteos distritales: lo que tienes que saber
Alejandro
Encinas Nájera
Que nadie adelante
vísperas. No está dicha la última palabra. Hay que exigir a Calderón, Peña
Nieto y magistrados de una desconcertante irresponsabilidad como Alejandro Luna, que respeten las
instituciones y los tiempos electorales. Esto es, que no den por consumados
hechos que aún están en curso y que no declaren ganadores prematuramente.
El artículo 116 del Cofipe
ordena que tres días después de celebrarse la jornada electoral (o sea, hoy) se
rectificarán las inconsistencias que pudieran consignarse en las actas
electorales, sean producto de error o dolo. Mientras lees estas líneas, miles de
ciudadanos y personal del IFE instalan los consejos distritales para efectuar
el cómputo de los resultados registrados en las actas de las casillas de las
elecciones para presidente, diputados y senadores. Como detalla Alejandra
Lajous, en los consejos, además de un funcionario del IFE, hay seis consejeros
electorales y representantes de todos los partidos políticos. Los partidos
llevan a dicha reunión sus respectivas actas. Ahí, una por una, se confrontan
los resultados de las actas, y si no coinciden o son notorias posibles
alteraciones, se abren los paquetes con las boletas y se cuentan uno por uno
los votos de la casilla dudosa. Todo esto se realiza en sesiones abiertas, así
que quien quiera asistir, está a tiempo y tiene todo el derecho de hacerlo.
Todas las cifras que hasta
ahora conocemos, desde las tremendamente “equivocadas” encuestas que daban un
abismo de ventaja a Peña Nieto, hasta los conteos rápidos, el PREP y las
encuestas de salida, carecen de validez legal. Será hasta que finalicen los
conteos distritales cuando conoceremos los resultados oficiales. Y la cosa no
termina ahí. En ese momento el IFE le pasa la estafeta al Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, el cual tiene la responsabilidad de resolver
todas las impugnaciones de los competidores, pero sobre todo deberá verificar
que las distintas etapas del proceso electoral hayan transcurrido con equidad,
certeza, transparencia e imparcialidad. Una vez que haya culminado esta larga y
sinuosa cadena de etapas, se declara la validez o no de la elección.
Por lo pronto, el
Movimiento Progresista ha detectado que de las 143 mil casillas que se
instalaron el pasado domingo, cuando menos 113, 855 actas tienen
inconsistencias. Para depurarlas, la ley contempla la reapertura de los
paquetes electorales durante las jornadas de los cómputos distritales. Estas
irregularidades no necesariamente implican dolo o alteración ventajosa, pues pueden
derivarse de un error o descuido humano. Es fundamental aclarar en qué consiste
la diferencia:
¿Qué es una inconsistencia
aritmética? El investigador José
Antonio Crespo detalla que en cada acta hay varios campos de registro que deben
coincidir entre sí, llamados rubros fundamentales: 1)Total de ciudadanos que
votaron (CV) 2)Total de boletas encontradas en la urna al término de la jornada
(BEU) y 3)Votación total emitida (VTE). Cualquier diferencia aritmética entre
estos rubros, podría indicar la existencia de votos irregulares, es decir, que
faltan o sobran injustificadamente.
No se puede asumir siempre
que un error aritmético sea un error de cómputo, el cual implica la presencia
de votos irregulares, pues la no coincidencia aritmética entre los rubros
fundamentales podría ser resultado de una equivocación, una distracción o una
cifra mal anotada. En estas circunstancias, los datos disponibles permiten dar
una explicación lógica al error y corregirlo. En cambio, el error de cómputo
ocurre cuando no se encuentra explicación lógica de la inconsistencia. En tal
circunstancia se daña la certidumbre del resultado. La ley de impugnación electoral
en su artículo 75 (F) señala como una de
las causales para anular la votación en una casilla: “Haber mediado dolo o
error en la computación de votos, siempre que ello sea determinante para el
resultado de la votación.” En términos jurídicos es irrelevante si la anomalía
fue resultado de actos de mala fe como la introducción o extracción de boletas
a favor de un candidato, o un acto no intencional en el conteo de votos, pero
que aún así empaña el resultado de la elección.
Otras causales para abrir
los paquetes electorales durante los conteos distritales son: Que la diferencia entre el primer y el segundo lugar
sea menor al 1% y así lo solicite el segundo lugar; Que todos los votos
depositados sean a favor de un mismo partido; Que el número de votos nulos sea
mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo
lugares en la votación; Que existan inconsistencias evidentes en los elementos
de las actas, salvo que puedan corregirse con otros a satisfacción plena de
quien solicite; Que no existiera acta de escrutinio y cómputo en el expediente
de la casilla, ni obrara en poder del presidente del Consejo, y; Que se
detecten alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el
resultado de la elección en la casilla.
Para caer en cuenta de la relevancia que tienen los
conteos distritales, cito el siguiente ejemplo: En la casilla ubicada en la
sección 5614 en el municipio de Cuautitlán, Estado de México, el PREP reportó
que hubo una participación ciudadana del 235 por ciento. Siendo esto imposible,
ahí mismo se aclara que esta casilla no ha sido contabilizada. Será sólo a
través de la apertura del paquete electoral, como sabremos qué fue lo que ahí sucedió;
si acaso embarazaron la urna, o fue un error de quienes anotaron los resultados
en las actas.
A todos, conviene
–incluido quien hoy se da por ganador–, que se le impriman a estas elecciones
la máxima transparencia y certidumbre. En democracia sólo las urnas confieren
legitimidad. Por eso es inaceptable que voces coléricas y reaccionarias clamen que
se acepte sin cuestionamientos los resultados que hasta ahora se conocen. Como
tuiteó, @ClouthierManuel (retuiteado por 2302 tuiteros al cierre de este artículo), “Lo
chistoso de este país es que el que defiende sus derechos es prepotente,
berrinchudo, loco, etc. Pero el que pisotea los derechos no!”
Vendrán tiempos en los que
las fuerzas que integran el Movimiento Progresista habrán de tomar definiciones
políticas y jurídicas, así como elegir el rumbo a seguir. Pero durante los
próximos días, dejemos que hablen las actas...y los votos.
IFE: ¿Hora de confiar, o de colaborar?
Alejandro Encinas Nájera
Enfocaré este artículo –el último previo a la jornada
electoral– a enunciar una serie de argumentos que contribuyan a refutar un
discurso hueco y simplón que cada vez que la izquierda tiene posibilidades de
ganar, sale a relucir y que ya lo tienen muy bien memorizado.
Me refiero al discurso promovido hasta el cansancio
por el bloque conservador, según el cual la izquierda mexicana no respeta las
instituciones, denuncia fraude cuando el resultado no le es favorable y socava
la confianza de nuestros organismos democráticos. Su argumento prosigue
señalando que es momento de confiar en el Instituto Federal Electoral, el cual
tendrá la palabra definitiva. Esto último, es lo realmente preocupante.
La confianza ciega y la postura acrítica son propias
de regímenes autoritarios. En cambio, para mejorar su desempeño, una democracia
precisa de ciudadanos escépticos, críticos, que no entreguen la estafeta a las
instituciones públicas y acto seguido, asuman una actitud pasiva. La ciudadanía
en las democracias contemporáneas debe constituirse como un vigilante que tenga
bajo la lupa a los encargados de echar andar las instituciones. Un ciudadano
comprometido, lejos de delegar y desentenderse, exige transparencia y rendición
de cuentas.
Si confiáramos nomás por confiar en las
instituciones, no habría necesidad de leyes como la de transparencia y
rendición de cuentas, ni mucho menos existirían las contralorías, auditorías y
fiscalías. Es más, ni siquiera habría necesidad de constituir una división de
poderes y la prensa libre sería una excentricidad. No obstante, ya desde el
Siglo XVIII, pensadores como Montesquieu nos advertían que no era sano confiar
y delegar, que lo crucial era auditar al poder para evitar abusos y
corruptelas.
La derecha, tanto el PRI como el PAN, nos pide que
confiemos en las instituciones, como si fuera una cuestión de fe. Desde su
punto de vista, se trata de entes inmaculados y puros, quizás extraterrestres,
y no lo que en verdad son: organizaciones que fueron creadas y son reproducidas
día con día por mujeres y hombres de carne y hueso.
De lo que no se han dado cuenta, es que la llamada
crisis de representación, o desafección democrática, precisamente reside en el
hecho de que la confianza ciudadana en las instituciones ha ido drásticamente a
la baja. Según las cuentas del Latinobarómetro, sólo el 3.8% de los mexicanos
se siente muy satisfecho con su democracia, mientras que el 72% manifiesta estar
insatisfecho. Esto en vez de alarmarnos, debe entusiasmarnos. Si el desempeño
de las instituciones no es el óptimo, estaríamos todavía peor si los ciudadanos
creyéramos en éstas. Por el contrario, esta ciudadanía crítica e inconforme
puede representar el germen de una democracia más robusta.
Es necesario aclarar que las instituciones son la
cristalización de la correlación de fuerzas que prevalecía en el momento de su
origen. Así, éstas abonan a que esa correlación de fuerzas que fijó un pacto
fundacional, prevalezca en el tiempo y se reproduzca a través de pautas,
reglas, comportamientos, rutinas y estructuras. Desde luego, las instituciones
no son inmunes al paso del tiempo y al cambio en las sociedades, es decir,
entran en procesos de reforma.
Los cambios en materia de organización electoral dan
prueba de ello. En 1988, el secretario de Gobernación aún era el presidente de
la Comisión Federal Electoral. Todo lo concerniente con elecciones se procesaba
en los despachos de Bucareli. Esa realidad comenzó a cambiar ante la
pluralización y las protestas de ciudadanos que cuestionaban que el gobierno
fuera juez y parte en un tema tan crucial. Hoy el IFE es un organismo
completamente autónomo. Este proceso fue gradual, lento, imperfecto, sufrió
regresiones, pero al final se logró el cometido. Omiten decir el PRI y el PAN
que la izquierda jugó en ello un papel determinante. En pocas palabras, la
autonomía del IFE y su sofisticado diseño institucional, no podrían entenderse
sin la participación permanente de la izquierda en un proceso que duró años.
Esa debe ser una lección a seguir en esta coyuntura. A
unos días de las elecciones, el planteamiento no debe ser “vamos a confiar en
el IFE”. Semejante postura equivale a dejarle a un solo organismo una tarea que
por su relevancia nos corresponde a todos. La democracia requiere una actitud
mucho más proactiva: “vamos a colaborar con el IFE” para que tengamos comicios
libres y equitativos. Y no sólo con el IFE, sino con los 140 mil presidentes de
casilla, sus secretarios y escrutadores, que generosamente aceptaron cumplir
con su deber cívico.
Colaborar es indispensable. Más en nuestros días,
pues hay fuerzas políticas influyentes que aún se resisten a aceptar sin
restricciones que la democracia es the
only game in town (el único juego posible), y que pretendan alterar la
voluntad ciudadana con todas las alquimias e ingenierías de mapaches acuñadas y
perfeccionadas durante los tiempos de la hegemonía priísta. Ya sabemos cómo
opera la estructura electoral de Elba Ester Gordillo, la cual se enfoca en
zonas marginadas, conflictivas o de difícil acceso, y madruga para sustituir
funcionarios de casilla. También sabemos que los gobernadores priístas tienen
metas que cumplir y que movilizarán el voto a través de la compra, coerción o
clientelismo.
Por eso resulta hasta sarcástico el discurso de
devoción institucional por parte de estos actores. Alaban al IFE, se asumen
como los templarios de la democracia, algunos se inmolan en términos
metafóricos, al punto de evocar a Juan Escutia y envolverse en la bandera de la
democracia, para posteriormente minar la institucionalidad democrática con sus
acciones. La misma doble moral, la misma simulación tan viva en el pasado como
en el presente.
Este primero de julio no hay que confiar, sino
colaborar con el IFE y con los cientos de miles de mexicanos encargados de las
casillas. ¿Cómo? Lo más importante es salir masivamente a las urnas, como nunca
antes se haya visto en la historia de este país. Esto permitirá neutralizar los
operativos de quienes pretendan distorsionar la voluntad popular y garantizará
que sea exclusivamente el voto de los mexicanos el factor que determine los
resultados. La segunda es que aquéllos que aceptaron ser observadores o
representantes de casilla, cumplan con su tarea. Lo más importante es tener
copia de todas las actas para estar preparados para los conteos distritales.
Será un día largo y cansado, no exento de tensiones. Pero tal esfuerzo vale,
cuando lo que está en juego es la defensa de lo que hasta ahora nuestra
democracia ha alcanzado.
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