Al menos desde las reflexiones de Gramsci se ha constatado reiteradamente la capacidad que los regímenes políticos poseen para fabricar un consenso, o bien reproducir la hegemonía de una ideología a través de los medios de comunicación y de un sistema educativo que desde temprana edad inculca a los estudiantes la falsa idea de un orden social natural, inevitable e incluso conveniente. Inmersos en un año electoral decisivo para el rumbo del país, desmontar tal hegemonía y lograr que un programa alternativo permee en las mayorías, constituye un desafío fundamental para el triunfo del bloque progresista. En este sentido, la izquierda tiene que aclarar cuáles factores son los que la distinguen del continuismo conservador representado por el PRI y el PAN. Uno de los campos en donde se librará esta batalla de ideas, tendrá que ser, en definitiva, el que respecta a las políticas educativas. Y aquí las diferencias son completamente notorias.
A inicios de este año, Felipe Calderón anunció la puesta en marcha del Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior. En la opinión pública se generó la impresión de que era un programa de becas, pero en realidad consiste precisamente en lo contrario, es decir, el otorgamiento de préstamos con altos intereses.
El propósito es destinar 2 mil 500 millones de pesos para créditos educativos para 23 mil jóvenes que lleven a cabo sus estudios en universidades privadas. Tales créditos pueden alcanzar hasta 215 mil pesos para licenciatura y 280 mil pesos para posgrado. Tendrán que saldarse en un plazo que no supere los 15 años y medio, con una tasa de interés fija del 10 por ciento. Dicho programa cuenta con la participación de bancos como Santander, HSBC, Afirme, Banorte, Bancomer y de veinte planteles de educación superior privada, algunos de ellos de carácter confesional, entre los que se encuentran el ITESM y las universidades Anáhuac, Panamericana y la Jesuita de Guadalajara. El gobierno participa a través de Nacional Financiera y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Del monto total de cada crédito, 80 por ciento lo pone el gobierno y el 20 por ciento restante los bancos, los cuales administran tales recursos y por tanto se quedan con las comisiones y rentas que de esta actividad deriven.
Sus promotores argumentan que tales préstamos ayudan a democratizar el acceso a la educación superior en la medida en que los jóvenes que no acceden a la universidad pública y privada por falta de cupo o de recursos puedan hacerlo. Calderón asegura que las escuelas privadas otorgan educación de calidad y una sólida formación profesional. Agrega que con este programa las empresas obtendrán una fuerza laboral mucho mejor capacitada y personal altamente calificado.
Lo que no dicen es que ésta ha sido la vía que otros países han recorrido para privatizar de facto la educación y estrangular presupuestalmente a las universidades públicas. Los estragos son evidentes en EUA, cuya deuda estudiantil supera los 995 millones de dólares. Expertos en el tema como Andrew Ross anticipan que uno de cada cinco estudiantes será perseguido por impago en el corto plazo. Otro caso semejante es Chile, país que ha sido sacudido en los últimos meses por protestas estudiantiles que por su magnitud y fuerza han dado la vuelta al mundo y puesto en jaque al gobierno neoliberal de Sebastián Piñera.
Tampoco dicen que el objetivo subterfugio de dicho programa es transferir dinero público a los bancos y financiar a las universidades privadas. Omiten señalar que el Estado abdica a una de su responsabilidades fundamentales: la educación deja de ser un derecho universal. Para recibirla, primero el estudiante ha de ser calificado como sujeto de crédito por una institución bancaria. De tal modo, mientras las universidades públicas son incapaces de cubrir la demanda debido a una dolosa y calculada asfixia presupuestal, los estudiantes se ven obligados a ingresar a universidades privadas. La educación superior se vuelve entonces una mercancía, cuando no un privilegio exclusivo para quienes puedan pagarla.
Mucho menos admiten que el costo de una licenciatura en las universidades que participan en este programa puede llegar hasta los 700 mil pesos, es decir, alrededor de cuatro veces el monto máximo del crédito.
Cuando el Estado renuncia a garantizar el derecho a la educación, las familias que en la mayoría de las ocasiones apenas y tienen para librar el día a día, asumen los costos. Los egresados, si es que logran encontrar un trabajo armónico con sus expectativas y preparación, arribarán cargando una inmensa deuda en sus espaldas. Tendrán que invertir cuando menos el 30 por ciento de su ingreso mensual para saldarla. Algunos especialistas han denominado a este financiamiento como una confiscación salarial. Un ejercicio realizado por el diario El Economista, detectó que un crédito de 215 mil pesos, con tasa de 10 por ciento a un plazo de 10 años, generaría intereses por 349,233 pesos. Por lo tanto, la deuda al término del plazo sería de 564,233 pesos. Esto quiere decir que el estudiante estaría pagando más del doble del monto recibido como préstamo para su educación.
Por si fuera poco, el desdén a las universidades públicas prolonga e impone la dependencia tecnológica que hemos contraído con el extranjero. En la actualidad, en México alrededor del 80 por ciento de las investigaciones en ciencia y tecnología son realizadas en instituciones públicas mediante financiamiento gubernamental.
Es preocupante que un sector neurálgico para el desarrollo, como lo es la educación superior, no represente para Calderón otra cosa que un suculento negocio para bancos y empresas privadas, el cual, para colmo, se financia hipotecando el futuro de los estudiantes. Bajo este contexto, que un joven vote por la derecha es equivalente a que un obrero respalde a su patronal opresora, un campesino a su capataz, una mujer a la dominación patriarcal o que un integrante de la comunidad LGBT delegue a un homofóbico la defensa de sus derechos. Este comportamiento electoral no es producto del masoquismo o la autoflagelación, sino más bien de la falta de conciencia. ¿Con qué elementos debe contar una política educativa de izquierda que claramente se diferencie de la orientación actual y despierte el entusiasmo de las mayorías? A ello me referiré en la próxima entrega.