Todo aquél que en estas vacaciones viajó por carretera pudo comprobar la implementación de un descomunal despliegue militar. Los retenes son prueba fehaciente de que en el país se ha ido instaurando ilegalmente un estado de excepción. Bajo la justificación de garantizar la seguridad nacional, a los ciudadanos se les suspenden garantías y se les trata como presuntos delincuentes: somos culpables hasta que demostremos lo contrario.
¿Qué sucedería si una persona se negara a la inspección de sus pertenencias? –preguntamos al militar de mayor rango en un retén. En ese caso –respondió –sería remitido al Ministerio Público más cercano. En otra ocasión cuestionamos a un soldado raso si estaba conciente de que no existe decreto u orden por encima de la Constitución y que con su detención estaba violando varias garantías como la libertad de tránsito. En un inicio se limitó a decir que eran órdenes presidenciales, pero ante nuestra insistencia reconoció que su acto era anticonstitucional. En el siguiente retén coincidieron en que el Ejército debería volver a los cuarteles. Ante la falta de oportunidades, especialmente en las zonas indígenas, para muchos jóvenes no queda de otra que reclutarse. Con suerte, muchos de ellos apenas cruzan los 20 años, pero con arma de alto calibre en mano, disponen quién debe ser revisado.
En definitiva, estos operativos no están cumpliendo su propósito formal: mientras tuercen a chavos por encontrarles un porro, los grandes cargamentos de droga y armas se transportan en aviones y lanchas rápidas. ¿O a poco creen que el jefe de un cartel se va a andar paseando por la carretera México-Cuernavaca? Remitámonos a lo obvio: la guerra en contra del narcotráfico ha sido una formidable excusa para militarizar el país. Es sólo un telón que oculta la verdadera intención: intimidar a la población, infundir miedo para provocar la inacción y disuadir levantamientos. El mensaje es claro: quien se subleve encontrará represión implacable como respuesta.
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