Sin derecho a disentir

Alejandro Encinas Nájera

La oposición política y el periodismo independiente y crítico son pilares indispensables para mantener en pie las libertades de una sociedad. En su ausencia, se erigen gobiernos que al carecer de contrapesos y vigilancia, tienen la vía libre para actuar de manera arbitraria y abusiva.

Hay quienes denigran el papel de la oposición con argumentos tales como “entorpecen la toma de decisiones”, “generan división y encono entre los mexicanos”, “son culpables de la parálisis institucional” y, mi favorita, “están en contra de todo y a favor de nada”. Tras pintar una realidad caótica e ingobernable, la operación discursiva prosigue describiendo una romántica unidad nacional –todos somos mexicanos, nos une el amor por nuestra Patria–.

De manera intencional o ingenua, los detractores de la oposición olvidan que todo poder tiende a ser abusivo, y que por lo tanto la verdadera libertad sólo puede provenir del equilibrio entre poderes. Ya lo afirmaba Montesquieu: “¡Quién lo diría! La misma virtud necesita límites. Para que no sea posible abusar del poder es necesario que, gracias a la disposición de las cosas, el poder detenga al poder.”

Por estas razones la democracia no sólo reconoce las diferencias inherentes a cada sociedad, sino que institucionaliza el conflicto. Así se instaura la división en diversas esferas: Ejecutivo-Legislativo-Judicial; distribución de competencias entre los distintos órdenes territoriales de gobierno; oficialismo-oposición; Estado-sociedad; propiedad pública-propiedad privada; el ámbito secular de la fe, y; discurso oficial-prensa independiente.

El derecho a disentir garantiza que todas las voces sean respetadas y que nadie sea perseguido o peligre su integridad por expresar sus ideas, críticas o preferencias políticas. Es sólo a través de oposición y prensa auténticas como se garantiza su vigencia. Tras el discurso fetichista de la unidad se esconde una predilección autocrática. En la antesala del eventual retorno del PRI a la Presidencia, en el tablero político nacional hay diversas piezas que colocan al disenso en jaque. Son anticipos que reflejan lo que probablemente vendrá.

Atacar a uno para silenciar a todos

Las amenazas y la inminencia del peligro orillaron a que hace un par de días Lydia Cacho tomara la grave decisión de salir del país. Se trata de una periodista que en 2005 dio a conocer una red de pornografía infantil que operaba al amparo de gobernadores y políticos como Mario Marín, y que en 2010 publicó otro libro en el que sacaba a la luz nombres y apellidos de personas relacionadas con la trata de mujeres y niñas.

Tal decisión dista de ser desproporcional. Un reciente comunicado de Amnistía Internacional indica que “al menos 70 periodistas han sido asesinados desde el año 2000, y sigue sin conocerse el paradero de otros 13 periodistas secuestrados. Quienes investigan o denuncian la delincuencia y la corrupción están especialmente expuestos a ataques o intimidación. En la gran mayoría de los casos, los responsables no comparecen ante la justicia, lo que crea un clima de impunidad.”

A tal grado el periodismo se ha vuelto una profesión de alto riesgo, que México tintinea con alerta roja en los radares de organismos internacionales enfocados a defender la seguridad de los periodistas y el derecho a la información, tales como Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19.  

Desconcierta la ausencia de una solidaridad contundente y unificada por parte del gremio al que pertenece Lydia Cacho. Salvo las honrosas excepciones de siempre, los demás, siguiendo el mal ejemplo del mainstream televisivo, prefieren no voltear la mirada del festín olímpico. Siquiera por un momento, ¿les resonará en sus oídos la famosa frase atribuida a Bertolt Brecht en tiempos de la ocupación nazi?

Cuando un periodista es amenazado, no sólo está en riesgo su vida; peligra también la libertad de expresión. En muchos casos, la intimidación y su correlato necesario, la impunidad sistemática, no dejan otra opción que la autocensura. Cuando la voz de un periodista es apagada, la sociedad en su conjunto es acallada. “Después vinieron por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí.”

Las alternativas que el PRI ofrecerá a la oposición

Durante los tiempos de la hegemonía priísta, ser oposición equivalía a estar proscrito y actuar desde la clandestinidad. A quienes disentían en el universo laboral se les combatía a través de la violencia, al tiempo que se instauró una relación corporativista que garantizaba la lealtad de las cúpulas sindicales con el gobierno. En cuanto al sistema de partidos, para mantener las apariencias de un régimen democrático, el PRI auspició la creación de partidos satelitales o paraestatales, relegados a fungir un papel testimonial y legitimador. En la mal llamada pax priísta, se instauró una regla no escrita. Si la premisa para Porfirio Díaz era que sus amigos podían esperar justicia y gracia y sus enemigos justicia a secas, el priísmo prolongaría esta lección de poder: primero intentaría cooptar al disenso; ahí muchos claudicaban. Si esta vía no funcionaba, entonces sí, recurrían a la represión. Y para justificar la represión, hay que criminalizar el disenso.

Lo anterior viene a colación, por el último comunicado de Soriana, empresa acusada de estar envuelta en la multitudinaria compra de votos priísta. En inserción pagada en plana completa del diario Reforma, responsabilizan a dirigentes del Movimiento Progresista de los daños físicos y materiales, luego de que en la sucursal del municipio Guadalupe, Nuevo León, un grupo de desconocidos lanzara una bomba molotov. Careciendo de sustento alguno para vincular tales actos de violencia –totalmente reprobables– con López Obrador, la acusación no es sino la prolongación de la guerra sucia para denostar a la oposición. La operación es tan sencilla que colinda con el infantilismo: asaltaron una tienda Soriana, la culpa es de López Obrador; las ventas han disminuido, acertaste...la culpa es de López Obrador.

A lo largo de la historia, ha sido a través de esta fórmula discursiva como se ha pretendido que la protesta pase a ser sinónimo de delincuencia e incluso de terrorismo. Realizada tal conversión, se hace un llamado a restaurar el orden y la legalidad, con lo cual se legitima el uso de la fuerza pública en contra de los opositores.

Una azarosa anécdota que ilustra de maravilla los esquemas cognitivos del PRI y de los grupos de interés dominantes en el país, la ofrece el reciente desliz de Rafael Cardona, comentarista de Televisa. Al calor del debate, dijo al aire que Jesús Zambrano formaba parte del “#YoSoy23deSeptiembre”, confundiendo y combinando los nombres de una liga guerrillera de los años 70s con un movimiento estudiantil contemporáneo que rechaza tajantemente la vía armada y participa a través de los cauces legales y democráticos. Y es que para ellos quienes disienten, independientemente de la vía, son lo mismo en tanto no se suman al llamado de la unidad. Por lo tanto son adversarios, masiosares y extraños enemigos que no quieren que el país progrese.

Para concluir

Lejos de ser hechos aislados y azarosos, la salida forzada de Lydia Cacho del país y el comunicado difamador de Soriana reflejan el estado del tiempo en el preludio del retorno del PRI a Los Pinos. Son muestras preocupantes de los contratiempos que tendrán que sortear quienes disienten del régimen. Los priístas se frotan las manos impacientes de que el tribunal electoral ratifique los resultados para saldar cuentas con quienes osaron burlarse de las pifias del ungido. Mientras tanto, con soberbia desplegada en constantes amenazas, lanzan entre líneas la recomendación de que la oposición no sea oposición y que la prensa libre sucumba a los deleites del chayote, o sea, que cooperen con la “unidad nacional”, porque no hay que olvidar quién va a detentar el poder.