Fallos olímpicos y fallas electorales

 

Alejandro Encinas Nájera

En la prueba de viga de los recientemente finalizados juegos olímpicos de Londres 2012, la gimnasta rumana Catalina Ponor mostró (aparentemente) por qué desde Atenas 2004 tenía reservado un lugar en el podio. Tras culminar la presentación de todas las competidoras, su puntaje la haría acreedora del bronce. Todo el mundo atestiguó su rostro de satisfacción y el animado festejo con sus entrenadores y compañeras. En ese momento no le cruzó por la mente que otra gimnasta, inconforme con los puntajes, presentaría una reclamación a los jueces, los cuales por reglamento estaban obligados a revisar. Nadie criticó a la estadunidense Alexandra Raisman por ejercer su legítimo derecho. Lo importante era que estos juegos no se empañaran con la mancha de la incertidumbre y la opacidad. Mientras los jueces observaban en cámara lenta y a lujo de detalle los movimientos en sus pequeños monitores, todo el estadio estaba en vilo. Fueron minutos de mucha tensión. Cuando finalizaron con su revisión, reconocieron que habían omitido algunos elementos en su calificación y no les quedó más remedio que rectificar: Ponor bajaría del podio y Raisman ocuparía su lugar. Muecas aparte, la rumana no objetó que fuera desbancada, pues reconoció que en esta ocasión su adversaria había tenido un mejor desempeño.

En las postrimerías de los juegos olímpicos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitirá el fallo definitivo sobre los resultados de los comicios presidenciales. Pero en México las cosas ocurren al revés. ¿Es siquiera imaginable que los jueces le advirtieran a la gimnasta que no va a ganar “en la mesa lo que no ganó en la viga” sin siquiera conocer su alegato? Seguramente sería un escándalo y la Federación Internacional de Gimnasia los inhabilitaría de sus funciones. ¿O acaso las televisoras que transmitieron la justa olímpica ocuparían sus espacios para presionar a los jueces a declarar válida la puntuación original? Es más, hasta los comentaristas de Televisa reconocieron el derecho de Raisman a impugnar.

Eso en cuanto a la gimnasia. Pero cuando lo que se califica en México es una elección presidencial, el absurdo se lleva el oro. Lo que más sorprende en estos momentos, es que diversos grupos de poder reprueban que el Movimiento Progresista ejerza su derecho a impugnar, conduciéndose estrictamente en los cauces legales e institucionales. Es curioso que la misma cantaleta de siempre –los votos ya se contaron, México ya votó, respetemos la democracia– están ahora presentes tanto en los spots del PRI como del Tribunal Electoral.

Tal es la desmesura, que el magistrado presidente Alejandro Luna Ramos declaró en un momento en el que ni siquiera habían comenzado los conteos distritales que “nadie ganará en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas”. Habría que preguntarle a este señor, ¿entonces por qué la ley contempla un periodo para que los interesados ingresen recursos de revisión que pueden llegar a invalidar una elección? También debiera aclarar desde la solemnidad de su toga, por qué en otras ocasiones, como en Tabasco, Colima y más recientemente en Morelia, aunque la voluntad ciudadana ya había sido expresada en las urnas, el tribunal decidió anular los comicios. Para no variar con la imbricación del deporte con la política, ha de recordarse que en el caso de Morelia los magistrados procedieron a anular la elección porque durante una pelea estelar, Juan Manuel Márquez portó en sus calzoncillos el logo del PRI.

¡Vaya precedente que sentaron en aquella ocasión! Ahora en vez de togas, los magistrados visten camisas de once varas. Y es que si por un calzoncillo se anuló una elección, López Obrador, con el decálogo que presentó a la opinión pública y a las autoridades electorales, ofrece argumentos de sobra para invalidar los comicios presidenciales. Incluso podrían ser invalidados diez veces, porque por sí sólo cada uno de los puntos refiere un agravio contundente a los preceptos constitucionales.

El decálogo arranca denunciando la actitud tendenciosa de los medios de comunicación para favorecer a Peña Nieto y el manejo de encuestas en medios de comunicación con fines propagandísticos. Prosigue señalando que, al erogar $719’500,989.00 en propaganda y movilización, el PRI rebasó el tope de gastos de campaña fijado en $383’388,905.17. Es decir, más del doble de lo legalmente permitido (sin contar la millonaria compra de voto).

El cuarto punto se refiere a las famosas tarjetas de Soriana. En el recurso se anexa la firma de 596 personas que reconocen haber recibido una de estas tarjetas a cambio de votar por el PRI. La siguiente acusación se centra en los monederos Monex, mediante los cuales se efectuó financiamiento con recursos de procedencia ilícita.

Este documento prosigue denunciando la compra y distribución de tarjetas telefónicas como propaganda de Peña Nieto, gasto que por sí sólo ascendió a los 500 millones de pesos. El séptimo argumento para invalidar la elección es la utilización de los gobiernos del PRI en beneficio de Peña Nieto, destacando el caso de Zacatecas.

A la cuenta bancaria de Luis Videgaray, en la cual recibía dinero del gobierno del Estado de México para la campaña de Peña Nieto, se le dedica el octavo punto. Finalmente, los puntos 9 y 10 se enfocan en la multitudinaria compra de voto en todo el país, destacando los operativos en el medio rural.

Los argumentos para invalidar la elección presidencial son sólidos y por lo tanto no pueden ser fácilmente escatimados. Si alguien pensó que con la clausura de los juegos olímpicos se darían por concluidas las gestas sorprendentes, que se prepare para atestiguar los malabares y demás argucias legales que los magistrados filopriístas se aprestan a realizar.