El Alcoholímetro

Madrugada de Sábado en la capital. Sobre el oscuro asfalto un grupo de fiesteros transita. Bajo los influjos del alcohol ninguno se ofreció a ser el conductor designado. No tan lejos se ven luces de sirenas y un embudo de automóviles. Demasiado tarde, imposible escapar a la prueba del alcoholímetro. Un hombre con bata blanca se aproxima. Después de frases protocolarias invita al conductor a hacerse la prueba. Nervioso, inhala en vez de exhalar, pero la travesura no funciona. Finalmente los resultados están listos. Ha rebasado los 0.4ml de alcohol permitidos. Tendrá que cumplir con un arresto inconmutable de 12 a 36 horas en el “after” más temido de la ciudad: El Torito.

Desde su instauración en 2004, Conduce sin Alcohol ha sido una política pública controversial. Hay que recordar que la principal causa por la que mueren los jóvenes mexicanos son los accidentes de tránsito y que el 40% de éstos están relacionados con el consumo del alcohol. Desde luego, el gobierno debía atender este grave problema, y los alcoholímetros han probado su eficiencia. Según cifras del GDF, desde el inicio de este programa se redujeron en 60% las muertes en accidentes viales relacionadas con el consumo del alcohol.

Pero por otra parte, no pueden pasar desapercibidos los atropellos a la legalidad. De entrada, los retenes violan el derecho constitucional del libre tránsito. El alcoholímetro va en contracorriente al Estado de Derecho por dos razones: 1) parte del supuesto de que todo individuo es culpable a menos de que pruebe lo contrario (pasar la prueba); y 2) La desproporcionalidad entre la sanción y la falta. Mientras que delincuentes de cuello blanco, evasores de impuestos y demás atracadores pueden solicitar un amparo o conmutar su pena por una multa, los conductores que se exceden en copas tienen que cumplir con varias horas bajo arresto. Sería más provechoso para la ciudad que estos infractores pagaran horas de trabajo comunitario. La propuesta está sobre la mesa.