El fallo fallido

Alejandro Encinas Nájera

La calificación de la elección presidencial por parte del Tribunal Electoral ha erigido un monumento a la impunidad que incluso opaca a la Estela de Luz. Como en 2006, se vuelve a comprobar que es más rentable violar la ley electoral que acatarla, puesto que el castigo (una multa, si acaso la hay) es mucho menor que el premio (la Presidencia). Enrique Peña Nieto tendrá que pagar 6 mil pesos de sanción por la millonada que se gastó en fabricar su candidatura desde los tiempos en que despachaba como gobernador del Estado de México. Ser nombrado próximo presidente por instituciones capturadas por los grupos que dominan en este país... ¿no tiene precio?

Con esta premisa, los jueces han enviado una invitación a futuros competidores a cometer ilícitos. La multa por hacerlo será vista como una inversión que puede pagarse a 12 meses sin intereses, una vez que administren las arcas públicas. Pero en ningún momento se resarce el daño de la conducta ilegal y mucho menos se les retirarán los cargos que con ilicitudes consiguieron.

Con este fallo, los magistrados le fallaron al 99% de los mexicanos, priístas, panistas, perredistas y apartidistas por igual.  Porque estos jueces han desechado todo, incluidas las condiciones de equidad, certeza, imparcialidad y transparencia para que se realice una contienda democrática. Y es que mientras le deban su cargo al 1% y a las cúpulas partidistas, y no a sus méritos profesionales y honestidad, no habrá justicia electoral.

Ya advertíamos que había que ser muy escépticos del desempeño de un tribunal filopriísta, y  que quien depositara sus expectativas en éste, nuevamente se llevaría un desaire. Lo que no anticipamos es el nivel de cinismo y de malabarismo leguleyo que pondrían en práctica. En el fallo de 2006, al menos señalaron que las ilicitudes cometidas, como la intervención del Vicente Fox en su calidad de titular del Ejecutivo o de algunas cúpulas empresariales que financiaron la guerra sucia, pusieron en riesgo la contienda... pero nomás tantito. A seis años de aquella pieza estridente, tan desafinada como inaudible, el Tribunal perfeccionó su cinismo, sentenciando un réquiem por la democracia.

Me imagino que los 100 millones de mexicanos presenciamos unos comicios diferentes a los que calificaron los jueces electorales. Desde su óptica, las elecciones se desarrollaron en condiciones diáfanas, cristalinas. Para el TEPJF el desempeño del PRI fue impoluto, perfecto, inmaculado. No es que las denuncias no fueran determinantes para el resultado electoral, como invocaron en 2006; es que la compra de voto, las tarjetas Soriana, el rebase de tope de gastos de campaña, el escándalo de Monex, la manipulación de las encuestas para alterar la percepción de los ciudadanos, la alianza con Televisa y el financiamiento ilícito, simple y llanamente no ocurrieron más que en las mentes esquizofrénicas del Movimiento Progresista. Es como si la maquinaria corporativa-autoritaria desapareciera repentinamente de la fas de la tierra. Para el máximo tribunal electoral, el PRI ni por un milímetro transgredió la ley. Es más, lo felicitaron por haber ganado en buena lid.

Hubieron causales reiterativas para desechar las denuncias. Señalaron que no se aportaron suficientes pruebas. –­Los indicios son insuficientes y aislados­–, –La prueba no se interpuso a tiempo– dijeron insistentemente. –Por lo tanto, la irregularidad no está demostrada– concluyeron. Enunciados de esta naturaleza colindan con el famoso “uy joven, no puedo hacer su trámite porque le faltó su cartilla de vacunación y el acta de matrimonio de sus abuelos”. Repitiéndolos reiteradamente y sin mayor diligencia, Enrique Peña Nieto fue ungido por el TEPJF.

Por lo anterior es pertinente preguntarse: ¿Es éste un tribunal constitucional? Sus obligaciones son tutelar el voto y garantizar la vigencia de los preceptos constitucionales. Esto quiere decir que las elecciones no son litigios entre privados; son temas de interés público y como tales tienen que ser resueltos. Pero en vez de ello, el Tribunal se dedicó a desechar una por una las denuncias del Movimiento Progresista. La negligencia estriba en que no evaluaron el impacto que todas las irregularidades en su conjunto ejercieron durante el proceso electoral. El dictamen se elaboró a partir de la focalización del análisis, entendido como la resolución caso por caso y el aislamiento sistemático de las irregularidades. En ningún momento los magistrados tuvieron la iniciativa de ver una evidente concatenación entre los distintos elementos que calificaron. Deliberadamente desconocieron estos ilícitos como componentes de una totalidad coherente y coordinada.

El TEPJF se dedicó a regañar a AMLO y a sus abogados, incluso llegó a mofarse de las pruebas que presentaron. Incurrieron en una omisión grave: si el recurso que se presentó como denuncia no presentó elementos de prueba para acreditar la acusación, el TEPJF puede actuar de oficio. Tal carencia no es causal para desechar la irregularidad.

Más allá del regaño y las mofas al Movimiento Progresista, eludieron responder a los mexicanos una pregunta elemental e indispensable. Desecharon una por una las impugnaciones, pero nunca dijeron si hubo elecciones libres, auténticas, tal como su responsabilidad de Tribunal Constitucional les emplazaba. El fallo optó por eludir la máxima certidumbre y transparencia. En vez de criterios garantistas, eligió una estrategia letrista para convalidar los resultados electorales.

Y la democracia es perfecta. Y aquí nada pasó.