Fallos olímpicos y fallas electorales

 

Alejandro Encinas Nájera

En la prueba de viga de los recientemente finalizados juegos olímpicos de Londres 2012, la gimnasta rumana Catalina Ponor mostró (aparentemente) por qué desde Atenas 2004 tenía reservado un lugar en el podio. Tras culminar la presentación de todas las competidoras, su puntaje la haría acreedora del bronce. Todo el mundo atestiguó su rostro de satisfacción y el animado festejo con sus entrenadores y compañeras. En ese momento no le cruzó por la mente que otra gimnasta, inconforme con los puntajes, presentaría una reclamación a los jueces, los cuales por reglamento estaban obligados a revisar. Nadie criticó a la estadunidense Alexandra Raisman por ejercer su legítimo derecho. Lo importante era que estos juegos no se empañaran con la mancha de la incertidumbre y la opacidad. Mientras los jueces observaban en cámara lenta y a lujo de detalle los movimientos en sus pequeños monitores, todo el estadio estaba en vilo. Fueron minutos de mucha tensión. Cuando finalizaron con su revisión, reconocieron que habían omitido algunos elementos en su calificación y no les quedó más remedio que rectificar: Ponor bajaría del podio y Raisman ocuparía su lugar. Muecas aparte, la rumana no objetó que fuera desbancada, pues reconoció que en esta ocasión su adversaria había tenido un mejor desempeño.

En las postrimerías de los juegos olímpicos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitirá el fallo definitivo sobre los resultados de los comicios presidenciales. Pero en México las cosas ocurren al revés. ¿Es siquiera imaginable que los jueces le advirtieran a la gimnasta que no va a ganar “en la mesa lo que no ganó en la viga” sin siquiera conocer su alegato? Seguramente sería un escándalo y la Federación Internacional de Gimnasia los inhabilitaría de sus funciones. ¿O acaso las televisoras que transmitieron la justa olímpica ocuparían sus espacios para presionar a los jueces a declarar válida la puntuación original? Es más, hasta los comentaristas de Televisa reconocieron el derecho de Raisman a impugnar.

Eso en cuanto a la gimnasia. Pero cuando lo que se califica en México es una elección presidencial, el absurdo se lleva el oro. Lo que más sorprende en estos momentos, es que diversos grupos de poder reprueban que el Movimiento Progresista ejerza su derecho a impugnar, conduciéndose estrictamente en los cauces legales e institucionales. Es curioso que la misma cantaleta de siempre –los votos ya se contaron, México ya votó, respetemos la democracia– están ahora presentes tanto en los spots del PRI como del Tribunal Electoral.

Tal es la desmesura, que el magistrado presidente Alejandro Luna Ramos declaró en un momento en el que ni siquiera habían comenzado los conteos distritales que “nadie ganará en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas”. Habría que preguntarle a este señor, ¿entonces por qué la ley contempla un periodo para que los interesados ingresen recursos de revisión que pueden llegar a invalidar una elección? También debiera aclarar desde la solemnidad de su toga, por qué en otras ocasiones, como en Tabasco, Colima y más recientemente en Morelia, aunque la voluntad ciudadana ya había sido expresada en las urnas, el tribunal decidió anular los comicios. Para no variar con la imbricación del deporte con la política, ha de recordarse que en el caso de Morelia los magistrados procedieron a anular la elección porque durante una pelea estelar, Juan Manuel Márquez portó en sus calzoncillos el logo del PRI.

¡Vaya precedente que sentaron en aquella ocasión! Ahora en vez de togas, los magistrados visten camisas de once varas. Y es que si por un calzoncillo se anuló una elección, López Obrador, con el decálogo que presentó a la opinión pública y a las autoridades electorales, ofrece argumentos de sobra para invalidar los comicios presidenciales. Incluso podrían ser invalidados diez veces, porque por sí sólo cada uno de los puntos refiere un agravio contundente a los preceptos constitucionales.

El decálogo arranca denunciando la actitud tendenciosa de los medios de comunicación para favorecer a Peña Nieto y el manejo de encuestas en medios de comunicación con fines propagandísticos. Prosigue señalando que, al erogar $719’500,989.00 en propaganda y movilización, el PRI rebasó el tope de gastos de campaña fijado en $383’388,905.17. Es decir, más del doble de lo legalmente permitido (sin contar la millonaria compra de voto).

El cuarto punto se refiere a las famosas tarjetas de Soriana. En el recurso se anexa la firma de 596 personas que reconocen haber recibido una de estas tarjetas a cambio de votar por el PRI. La siguiente acusación se centra en los monederos Monex, mediante los cuales se efectuó financiamiento con recursos de procedencia ilícita.

Este documento prosigue denunciando la compra y distribución de tarjetas telefónicas como propaganda de Peña Nieto, gasto que por sí sólo ascendió a los 500 millones de pesos. El séptimo argumento para invalidar la elección es la utilización de los gobiernos del PRI en beneficio de Peña Nieto, destacando el caso de Zacatecas.

A la cuenta bancaria de Luis Videgaray, en la cual recibía dinero del gobierno del Estado de México para la campaña de Peña Nieto, se le dedica el octavo punto. Finalmente, los puntos 9 y 10 se enfocan en la multitudinaria compra de voto en todo el país, destacando los operativos en el medio rural.

Los argumentos para invalidar la elección presidencial son sólidos y por lo tanto no pueden ser fácilmente escatimados. Si alguien pensó que con la clausura de los juegos olímpicos se darían por concluidas las gestas sorprendentes, que se prepare para atestiguar los malabares y demás argucias legales que los magistrados filopriístas se aprestan a realizar.

Sin derecho a disentir

Alejandro Encinas Nájera

La oposición política y el periodismo independiente y crítico son pilares indispensables para mantener en pie las libertades de una sociedad. En su ausencia, se erigen gobiernos que al carecer de contrapesos y vigilancia, tienen la vía libre para actuar de manera arbitraria y abusiva.

Hay quienes denigran el papel de la oposición con argumentos tales como “entorpecen la toma de decisiones”, “generan división y encono entre los mexicanos”, “son culpables de la parálisis institucional” y, mi favorita, “están en contra de todo y a favor de nada”. Tras pintar una realidad caótica e ingobernable, la operación discursiva prosigue describiendo una romántica unidad nacional –todos somos mexicanos, nos une el amor por nuestra Patria–.

De manera intencional o ingenua, los detractores de la oposición olvidan que todo poder tiende a ser abusivo, y que por lo tanto la verdadera libertad sólo puede provenir del equilibrio entre poderes. Ya lo afirmaba Montesquieu: “¡Quién lo diría! La misma virtud necesita límites. Para que no sea posible abusar del poder es necesario que, gracias a la disposición de las cosas, el poder detenga al poder.”

Por estas razones la democracia no sólo reconoce las diferencias inherentes a cada sociedad, sino que institucionaliza el conflicto. Así se instaura la división en diversas esferas: Ejecutivo-Legislativo-Judicial; distribución de competencias entre los distintos órdenes territoriales de gobierno; oficialismo-oposición; Estado-sociedad; propiedad pública-propiedad privada; el ámbito secular de la fe, y; discurso oficial-prensa independiente.

El derecho a disentir garantiza que todas las voces sean respetadas y que nadie sea perseguido o peligre su integridad por expresar sus ideas, críticas o preferencias políticas. Es sólo a través de oposición y prensa auténticas como se garantiza su vigencia. Tras el discurso fetichista de la unidad se esconde una predilección autocrática. En la antesala del eventual retorno del PRI a la Presidencia, en el tablero político nacional hay diversas piezas que colocan al disenso en jaque. Son anticipos que reflejan lo que probablemente vendrá.

Atacar a uno para silenciar a todos

Las amenazas y la inminencia del peligro orillaron a que hace un par de días Lydia Cacho tomara la grave decisión de salir del país. Se trata de una periodista que en 2005 dio a conocer una red de pornografía infantil que operaba al amparo de gobernadores y políticos como Mario Marín, y que en 2010 publicó otro libro en el que sacaba a la luz nombres y apellidos de personas relacionadas con la trata de mujeres y niñas.

Tal decisión dista de ser desproporcional. Un reciente comunicado de Amnistía Internacional indica que “al menos 70 periodistas han sido asesinados desde el año 2000, y sigue sin conocerse el paradero de otros 13 periodistas secuestrados. Quienes investigan o denuncian la delincuencia y la corrupción están especialmente expuestos a ataques o intimidación. En la gran mayoría de los casos, los responsables no comparecen ante la justicia, lo que crea un clima de impunidad.”

A tal grado el periodismo se ha vuelto una profesión de alto riesgo, que México tintinea con alerta roja en los radares de organismos internacionales enfocados a defender la seguridad de los periodistas y el derecho a la información, tales como Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19.  

Desconcierta la ausencia de una solidaridad contundente y unificada por parte del gremio al que pertenece Lydia Cacho. Salvo las honrosas excepciones de siempre, los demás, siguiendo el mal ejemplo del mainstream televisivo, prefieren no voltear la mirada del festín olímpico. Siquiera por un momento, ¿les resonará en sus oídos la famosa frase atribuida a Bertolt Brecht en tiempos de la ocupación nazi?

Cuando un periodista es amenazado, no sólo está en riesgo su vida; peligra también la libertad de expresión. En muchos casos, la intimidación y su correlato necesario, la impunidad sistemática, no dejan otra opción que la autocensura. Cuando la voz de un periodista es apagada, la sociedad en su conjunto es acallada. “Después vinieron por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí.”

Las alternativas que el PRI ofrecerá a la oposición

Durante los tiempos de la hegemonía priísta, ser oposición equivalía a estar proscrito y actuar desde la clandestinidad. A quienes disentían en el universo laboral se les combatía a través de la violencia, al tiempo que se instauró una relación corporativista que garantizaba la lealtad de las cúpulas sindicales con el gobierno. En cuanto al sistema de partidos, para mantener las apariencias de un régimen democrático, el PRI auspició la creación de partidos satelitales o paraestatales, relegados a fungir un papel testimonial y legitimador. En la mal llamada pax priísta, se instauró una regla no escrita. Si la premisa para Porfirio Díaz era que sus amigos podían esperar justicia y gracia y sus enemigos justicia a secas, el priísmo prolongaría esta lección de poder: primero intentaría cooptar al disenso; ahí muchos claudicaban. Si esta vía no funcionaba, entonces sí, recurrían a la represión. Y para justificar la represión, hay que criminalizar el disenso.

Lo anterior viene a colación, por el último comunicado de Soriana, empresa acusada de estar envuelta en la multitudinaria compra de votos priísta. En inserción pagada en plana completa del diario Reforma, responsabilizan a dirigentes del Movimiento Progresista de los daños físicos y materiales, luego de que en la sucursal del municipio Guadalupe, Nuevo León, un grupo de desconocidos lanzara una bomba molotov. Careciendo de sustento alguno para vincular tales actos de violencia –totalmente reprobables– con López Obrador, la acusación no es sino la prolongación de la guerra sucia para denostar a la oposición. La operación es tan sencilla que colinda con el infantilismo: asaltaron una tienda Soriana, la culpa es de López Obrador; las ventas han disminuido, acertaste...la culpa es de López Obrador.

A lo largo de la historia, ha sido a través de esta fórmula discursiva como se ha pretendido que la protesta pase a ser sinónimo de delincuencia e incluso de terrorismo. Realizada tal conversión, se hace un llamado a restaurar el orden y la legalidad, con lo cual se legitima el uso de la fuerza pública en contra de los opositores.

Una azarosa anécdota que ilustra de maravilla los esquemas cognitivos del PRI y de los grupos de interés dominantes en el país, la ofrece el reciente desliz de Rafael Cardona, comentarista de Televisa. Al calor del debate, dijo al aire que Jesús Zambrano formaba parte del “#YoSoy23deSeptiembre”, confundiendo y combinando los nombres de una liga guerrillera de los años 70s con un movimiento estudiantil contemporáneo que rechaza tajantemente la vía armada y participa a través de los cauces legales y democráticos. Y es que para ellos quienes disienten, independientemente de la vía, son lo mismo en tanto no se suman al llamado de la unidad. Por lo tanto son adversarios, masiosares y extraños enemigos que no quieren que el país progrese.

Para concluir

Lejos de ser hechos aislados y azarosos, la salida forzada de Lydia Cacho del país y el comunicado difamador de Soriana reflejan el estado del tiempo en el preludio del retorno del PRI a Los Pinos. Son muestras preocupantes de los contratiempos que tendrán que sortear quienes disienten del régimen. Los priístas se frotan las manos impacientes de que el tribunal electoral ratifique los resultados para saldar cuentas con quienes osaron burlarse de las pifias del ungido. Mientras tanto, con soberbia desplegada en constantes amenazas, lanzan entre líneas la recomendación de que la oposición no sea oposición y que la prensa libre sucumba a los deleites del chayote, o sea, que cooperen con la “unidad nacional”, porque no hay que olvidar quién va a detentar el poder. 

¿Autoritarismo competitivo?

 

Alejandro Encinas Nájera

Nuestra corta y acaso efímera historia en democracia constata que andar por buen camino no asegura que se arribe al destino deseado, ni mucho menos que las sociedades que eligieron la vía democrática adquieren inmunidad ante una involución autoritaria.

Si aceptamos que no vivimos en una democracia plena, falta aclarar en qué contexto nos encontramos. Entre lo antiguo que aún no muere y lo nuevo que está por nacer, existe un intervalo que es oportuno comenzar a pensarlo ya no simplemente como una forma institucional híbrida y transitoria, sino como la conformación de un tipo específico de régimen que puede prolongarse por un largo periodo. El problema que la ciencia política debe enfrentar en la actualidad, es que en tanto ha emergido una extensa literatura concerniente a las causas y consecuencias de los procesos de democratización, la investigación que se ha emprendido acerca de la emergencia o persistencia de regímenes no democráticos es escasa.

Democracia restrictiva, incompleta, selectiva, pseudo, de fachada, delegativa, degradada: con el afán de alcanzar la precisión conceptual, las investigaciones se han visto obligadas a adjetivar la democracia, haciendo patente su estado inacabado. En respuesta a este vacío conceptual, los politólogos Steven Levitsky y Lucan Way, el primero de Harvard y el segundo de la Universidad de Toronto, lanzaron una controversia a sus colegas, al proponer que sería más adecuado hablar de formas atenuadas o reducidas de autoritarismo que seguir inventando  adjetivos para la democracia.

Tras plantear esta idea, se encargaron de elaborar un concepto que a la luz de lo ocurrido en México en los últimos tiempos resulta sugerente analizar para categorizar y comprender el régimen que se ha configurado tras el paso de la alternancia: el autoritarismo competitivo.

En el régimen de autoritarismo competitivo,  las instituciones formales de la democracia están ampliamente aceptadas como  el medio para obtener y ejercer la autoridad política. Sin embargo, quienes detentan cargos públicos violan tan frecuentemente esas reglas, que el régimen no alcanza a cubrir los estándares mínimos para ser considerado democrático.

La violación a estos criterios es tan frecuente y tan severa que aunque la disputa entre gobierno y oposición es competitiva, se desarrolla bajo condiciones inequitativas  que favorecen al partido en el gobierno. A pesar de que las elecciones se celebran regularmente y por lo general están exentas de un fraude masivo, los gobernantes suelen abusar de los recursos estatales y desviarlos a favor de su candidato. A la oposición se le niega una adecuada cobertura en los medios de comunicación; los candidatos opositores y sus simpatizantes son intimidados y en algunos casos hay manipulación de los resultados electorales. Los periodistas, la oposición política y los críticos del gobierno son acosados, espiados o arrestados. Los regímenes caracterizados por estos abusos, en palabras de Levitsky y Way no pueden ser llamados democráticos.

A pesar de que los gobernantes en el autoritarismo competitivo pueden manipular rutinariamente las reglas democráticas, son incapaces de eliminarlas o reducirlas a una mera fachada. En vez de violar abiertamente las reglas del juego, es más común el uso de formas más sutiles y encubiertas, como el soborno, la cooptación, la persecución selectiva por medio de auditorias fiscales, la supeditación de los jueces a la voluntad del ejecutivo, y el uso faccioso de otras agencias estatales para “legalmente” intimidar, perseguir y forzar a los críticos del gobierno a asumir una conducta cooperativa. Sin embargo, la persistencia de instituciones democráticas crea una arena en la cual las fuerzas de oposición pueden lanzar desafíos relevantes. Como resultado, aún cuando las instituciones democráticas están dañadas, los gobernantes deben tomar en serio a sus oponentes.

En este tipo de régimen existen cuatro arenas de disputa que permiten que las fuerzas de oposición reten, debiliten y eventualmente venzan a los gobernantes autocráticos.

La primera de ellas es la arena electoral. Para Levitsky y Way, a pesar de que los procesos electorales se caracterizan por una larga serie de abusos por parte del poder estatal, por el sesgo negativo con el que los medios de comunicación informan sobre las actividades de la oposición, por la intimidación a los candidatos oponentes y a sus simpatizantes, y sobre todo por una escasa transparencia, las elecciones se celebran con regularidad, de manera competitiva y por lo general libres de un fraude electoral masivo. En muchos casos, la presencia de observadores internacionales y la existencia de conteo de votos paralelos, disuaden las intenciones de los gobernantes de cometer un fraude. Como resultado, las elecciones generan un monto considerable de incertidumbre sobre los ganadores y los perdedores.

La segunda arena es el Poder Legislativo, el cual en este tipo de régimen suele ser débil frente al Ejecutivo, pero ocasionalmente se convierte en foco estratégico de actividad opositora. Esto es particularmente usual en casos en que el Ejecutivo carece de una fuerte mayoría en el Congreso. Como ejemplo, la oposición puede bloquear las iniciativas de reforma del presidente, tal como sucederá a lo largo del próximo gobierno.

La tercera arena es la judicial. Aunque los jueces estén por lo general subordinados al Poder Ejecutivo a través de vías sutiles como el soborno, la extorsión y la cooptación, la combinación entre la independencia formal y el control incompleto del aparato por parte del Ejecutivo, pueden dar un margen de maniobra a jueces no alineados. A pesar de que los gobernantes pueden castigar a los jueces que fallaron en contra de ellos, estos actos pueden traerles costos importantes en términos de legitimidad interna e internacional.

En el autoritarismo competitivo los medios  no son controlados por el gobierno. Tampoco están bajo el acecho de un alto grado de censura y/o de represión sistemática. Es más, los medios independientes no sólo son legales, sino también influyentes. Los periodistas pese a que con frecuencia son amenazados, pueden llegar a emerger como figuras de oposición destacadas. Los medios independientes pueden jugar el papel de críticos vigilantes que a través de la investigación expongan los abusos del gobierno. Los titulares del Ejecutivo que busquen suprimir a los medios independientes, usarán mecanismos sutiles de represión. Estos métodos incluyen el soborno, la asignación selectiva de la publicidad gubernamental, la manipulación de la deuda y los impuestos de los consorcios mediáticos, y la promoción de un marco legal restrictivo que facilite la persecución de los periodistas opositores.  El gobierno también hará extensivo el uso de la difamación como forma de intimidar o perseguir a un medio independiente bajo una fachada legalista.

Desconozco si estos dos politólogos angloparlantes coincidirían en que el México de nuestros días puede clasificarse como un autoritarismo competitivo. De hecho, su artículo fue publicado en 2002, cuando las expectativas de nuestro bono democrático eran elevadas  y las voces críticas marginales. Pese a que no conocieron nuestro caso cuando lanzaron esta controversia a los estudios convencionales, ¿acaso no son demasiados los paralelismos entre su teoría y la narrativa mexicana contemporánea? Es pregunta. 

De la transición a la tranzación

Alejandro Encinas Nájera Se solía suponer con entusiasmo de sobra, que la transición de un régimen autoritario a uno democrático consistía en un periodo temporal y pasajero, un proceso de carácter lineal, ascendente y acumulativo. La ruta estaba previamente trazada y el destino a puerto seguro era inevitable. Más tarde, politólogos como Guillermo O´Donnell, jugaron el papel de apagafiestas, al advertir que muchos de los países que estaban inmersos en transiciones no lograron alcanzar la consolidación y revirtieron en nuevas formas de autoritarismo. Otros tantos permanecieron en un área gris, intermedia, empantanados como ahora lo está México. Si alguna lección dejó la llamada tercera ola de transiciones, es que ninguna sociedad puede considerar que la vigencia de su democracia está asegurada. De eso estaba consciente el presidente Raúl Alfonsín en la Argentina de la posdictadura. Mirando a su alrededor –a la clase política, el Ejército, el clero, los grupos dirigentes y en general a la sociedad– llegó a la conclusión elemental de que para edificar una democracia se requieren demócratas. Dicha reflexión embona a la perfección en el México actual. El legado autoritario persiste a través de la cultura y el comportamiento político cotidiano, al tiempo que las instituciones democráticas apenas están dando sus primeros pasos y precisan de compromiso democrático, un recurso a lo sumo escaso entre la vieja guardia. Las nuevas instituciones aún están habitadas por personajes del viejo régimen que, cómodamente instalados, no tienen la menor intención de mudarse y ni siquiera de cambiar de muebles. ¿Y qué hay de la nueva guardia? El hecho de que las canas se tiñan de color castaño, la calvicie se subsane con injertos milagrosos, y las corbatas den paso a camisas con sólo tres botones abrochados, no implica un cambio cultural. Si acaso existe alguna diferencia entre el nuevo PRI y su old school, es que los nuevos inquilinos han desterrado el recurso retórico nacionalista, y en vez de organizar sus cónclaves en Acapulco o en Palacio Nacional, prefieren un yate en Miami. Pero más allá de la forma (que tampoco es que haya cambiado mucho), en el fondo hay una inquietante continuidad, una identidad intergeneracional. Nuestra democracia sufre desnutrición de compromiso e indigestión de agravios. En vez de vivir la plenitud de una transición, padecemos los pesares de una tranzación. Nos dieron gato por liebre. Cambiando todo para que todo siga igual, arribamos al régimen gatopardo. Los apologistas de nuestra transición –empecinados en refutar cualquier mancha que ose demeritar su pulcritud– creen que la democracia es una cuestión meramente técnico-administrativa; –Que los votos se cuentan y se cuentan bien– sostienen desde un restrictivo enfoque de aritmética pura. Se niegan a reconocer que una problemática mayúscula en las democracias contemporáneas es que aunque los votos se cuentan (en eso sí que se ha avanzado mucho), los intereses se pesan. Esto es, si bien el voto que Emilio Azcárraga depositó en la urna tiene el mismo valor que el de un ciudadano desposeído, evidentemente sus intereses no tienen el mismo peso a la hora de tomar las definiciones políticas cruciales. Si algún observador quisiera analizar el impacto que el dinero ejerce en un sistema democrático, inevitablemente tendría que acudir al caso mexicano, pues le aportaría abundante información. El estudioso tendría que preguntarse: ¿De dónde sale tanto dinero para el proselitismo en un país con tanta desigualdad en el que la construcción de una escuela rural queda suspendida por falta de recursos? ¿De qué modo se relaciona la cantidad de dinero que cada candidato gasta, con la cantidad de votos que obtiene? Seguramente llegaría a conclusiones muy interesantes. Para dotarlas de mayor rigor, su vocación metodológica le obligaría a realizar una prueba contrafactual: ¿Hubiera resultado ganador Peña Nieto en ausencia del dinero? Si no hubiera recibido el apoyo de Televisa, ¿qué hubiera pasado? Esto lo han captado estupendamente los ciudadanos que en las últimas semanas se han movilizado para denunciar que la nuestra es una democracia de fachada, cosmética. Saben que debido a su capacidad para corromper una elección, la oligarquía de los medios de comunicación aliada con las oligarquías económicas y financieras, constituye una grave amenaza. Imputan que los billetes –o en su defecto, los monederos electrónicos– quebrantan las boletas. Rechazan argumentos cínicos y leguleyos del tipo “como el lavado de dinero en una campaña y su financiación a través de fuentes de procedencia ilícita no están tipificados en la ley como causales para invalidar una elección, no hay nada que se pueda hacer...” De lo que se desprende “así que mejor váyase a su casa y encienda el televisor, deje que nosotros los expertos, los opinadores de todo especialistas de nada, pensemos y decidamos por usted”. Pero el viejo PRI, el nuevo PRI, el PRI de siempre ahora se topó con una muralla. Podrán seguir empleando su jerga solemne, sus ademanes corporales en tribuna (mezcla de Nixon con López Mateos), sus ritos y alabanzas al poder; querrán cooptar, desarticular o reprimir cuando lo demás no les funcione; intentarán mayoritear, imponer hasta revertir nuestra transición; invocarán discursivamente a la democracia mientras andan por el camino de la tranzación. Sin duda, la democracia en México se encuentra entrampada. Pero hoy, a diferencia de ayer, hay ciudadanos y hay una oposición fuerte.

¿Qué sigue para la izquierda mexicana? (2/2)

Alejandro Encinas Nájera Segunda parte. El papel de la izquierda en la coyuntura nacional: lo que vendrá Corresponde en estos tiempos limpiar la elección. Ningún demócrata puede pasar inadvertido que no sólo se trata de un derecho, sino de una obligación republicana. Que en todo el mundo se sepa lo que pasó en México en 2012 y que quede registrado en la historia. El TEPJF no puede desechar de un borrón el sólido recurso del Movimiento Progresista, mediante el cual demanda que se invalide la elección presidencial debido a que no existieron condiciones equitativas y transparentes, y por ende no se realizaron comicios libres y auténticos. Y es que mientras prevalezca en el país tanta desigualdad y marginación, la compra de voto seguirá ejerciendo una influencia abrumadora. Me gustaría estar equivocado, pero me temo que se llevará un nuevo desaire todo aquél que deposite sus expectativas en un Tribunal corrompido, cuyas resoluciones sistemáticamente se han supeditado a satisfacer los intereses de quienes mandan en este país. Es vano pretender que la solución para que nuestra democracia salga de este atolladero provendrá de los juzgados. La clave estriba en otro lado y la portan otros actores: una ciudadanía participativa que tienda puentes con las fuerzas progresistas. Durante las próximas semanas, no hay que dejar de tener bajo la lupa el desempeño de los magistrados –mostrando sus omisiones, negligencias e inconsistencias–. Pero al mismo tiempo ha llegado la hora de que desde la izquierda se convoque a un amplio debate nacional para replantear y fortalecer su papel en la escena política. La izquierda ha de abrir un proceso de reflexión sobre aquello que hizo y dejó de hacer, reconociendo sus avances sin caer en el conformismo y la autocomplacencia. Así, deberá proyectar programas y estrategias que guíen sus acciones durante los próximos años, teniendo las miras puestas en afianzar el apoyo ciudadano que se expresó en 2012 e incrementar su caudal de simpatías y adhesiones para enfrentar decididamente los desafíos que se aproximan. La gran lección que dejó la coyuntura electoral es que la sociedad mexicana ha cambiado, pero las instituciones permanecen ancladas en el pasado. De imprevisto llegó la hora en que amplios sectores se han desencantado del desencanto y han decidido tomar las riendas del devenir político. De esta manera, la brecha entre esta ciudadanía y las esferas de la política institucional se amplía dramáticamente. La izquierda partidista no es la excepción. Por lo tanto, está emplazada a actualizar sus contenidos y fines no sólo para nutrirse de esta innovación, sino también para acompañar a esta ciudadanía revitalizada en la apertura de nuevos cauces participativos. Esta energía se concentra principalmente en las juventudes que demandan una renovación tajante del pensamiento y el quehacer político al servicio de la transformación social. Hay que superar esa falsa dicotomía entre acción parlamentaria y movilización social. Lejos de ser opuestas, desde la izquierda se puede plantear una relación de complementariedad en la cual la protesta ciudadana encuentre ecos y voces que la representen en las cámaras, e inversamente, para que las reformas legislativas progresistas prosperen, precisan contar con un amplio respaldo social. Las fracturas y divisiones internas siempre han sido el “talón de Aquiles” de la izquierda mexicana. Mientras la derecha se articula de manera compacta, homogénea y se apresta organizadamente a la disputa electoral para conservar los privilegios de los grupos de poder que la auspicia, la izquierda carece de altura de miras y se desgasta en pugnas intestinas por el acomodo y la repartición de cargos. Así ha desdibujado su bagaje ideológico, que es lo que la hace diferente a las otras ofertas electorales. En distintos momentos ha quedado demostrado que cuando la izquierda va unida y deja a un lado disputas irrelevantes para defender ideas y proyectos, ha conseguido sus mayores triunfos. Así ha sucedido no solamente en contiendas electorales en las que la labor conjunta fue el factor decisivo, sino también en la conquista de nuevos derechos cívicos y libertades, coyunturas como la defensa de los recursos naturales y diversos episodios en los que la izquierda con su actuar articulado, ha contenido los excesos de los grupos de poder e impedido que se consuman despojos a la nación. La izquierda es un abanico de ideas, posturas, intereses y grupos de lo más diversos. Es innegable que el actual modelo partidista de convivencia que ha degenerado en grupos de presión y de interés que intercambian prebendas entre sí, ha fracasado rotundamente. Esta vida orgánica ha distanciado a esta expresión política de miles de ciudadanos dispuestos a hacer algo por su país, y ha excluido de la militancia activa a muchos compañeros de lucha cuyos aportes serían de gran valor en la actualidad. Es sintomático que el debate ideológico del papel de la izquierda ha quedado relegado a un segundo plano si no es que prácticamente ha desaparecido al interior de los partidos. Esta situación es insostenible. No se trata de buscar la unidad a toda costa asfixiando la pluralidad y el derecho a disentir. Por el contrario, la izquierda debe reconocer sus diferencias para actuar en un frente común. En los próximos meses se deben sostener debates intensivos para encontrar colectivamente un modelo alternativo de convivencia democrática que permita que la amplia diversidad de posturas y expresiones puedan habitar bajo el mismo techo, al tiempo que existan consensos en lo fundamental y una acción coordinada para hacer frente a los retos, problemas nacionales y al desafío que implica el retorno del PRI a la Presidencia. Y es que Enrique Peña Nieto fue formado en la vieja escuela priísta que concibe a la oposición como un accesorio decorativo que da bríos democráticos al régimen. Así lo ha demostrado en diversas ocasiones, como cuando planteó reducir el número de diputados de representación proporcional, en su propuesta de crear una cláusula de gobernabilidad que produzca mayorías artificiales, o en discursos en los que llama a la oposición a sumarse a su proyecto bajo el fútil argumento de que nos “une el amor por México”. Mediante esta simulación democrática pretende que prosperen sus reformas estructurales. Este escenario adverso obliga a la principal fuerza opositora, el Movimiento Progresista, a cumplir con una responsabilidad. La oposición no tiene que ponerse al servicio del ganador ni sumarse a “la unidad”, como sugiere la retórica priísta. La oposición tiene que ser precisamente eso: oposición. En otras palabras, el Movimiento Progresista tiene que asumir un papel de oposición leal; no con el poder y sus instrumentos de cooptación, sino con la democracia y la ciudadanía. En la próxima Legislatura, el progresismo deberá ejercer un papel protagónico en la construcción de puentes de entendimiento e interlocución con las demás fuerzas políticas, entre las que se incluye el partido en el poder. No obstante, deberá asumir una postura firme para impedir medidas y reformas lesivas para el país. Para cada “reforma estructural”, la izquierda ha de proponer una alternativa: sí a la reforma de medios de comunicación, pero con carácter democrático; sí a la reforma energética, pero partiendo de la necesidad de modernizar y combatir la corrupción de las empresas públicas y garantizando que los recursos energéticos sigan siendo propiedad de todos los mexicanos; sí a una reforma laboral siempre y cuando garantice y expanda las conquistas de los trabajadores. Sería inaceptable que la izquierda dilapidara el capital político y el amplio apoyo ciudadano que emergió de las urnas el 1 de julio de 2012. No es aceptable cometer el mismo error de hace 6 años, cuando la izquierda era segunda fuerza en el Congreso, pero el PRI sigilosamente fue recuperándose y en los hechos fungió como segunda fuerza cogobernante. La izquierda debe transitar del pensamiento marginal y contestatario, a lo que los ciudadanos le están reclamando que sea: un bloque político con una inmensa capacidad y respaldo popular para incidir en los destinos de México. El progresismo ha de estar a la altura que reclaman estos momentos. Y en los tiempos venideros, prepararse para asumir la conducción de este país, pues como dijo Salvador Allende, “no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”.

¿Qué sigue para la izquierda mexicana? (1/2)

Alejandro Encinas Nájera

Primera Parte. Un balance electoral

El 2 de julio de 2012, muchos integrantes y simpatizantes del Movimiento Progresista amanecieron desencantados, cargando a cuestas el peso de un nuevo desaire. No era para menos: el compromiso y entrega a una causa, la vitalidad y el trabajo en territorio –barrios, colonias, centros de trabajo y escuelas–, al fin serían medidos en las urnas. La irrupción de las juventudes en la arena pública multiplicó ese entusiasmo y las expectativas de millones. En la jornada electoral, esos anhelos de cambio se enfrentaron con viejas trapacerías y estructuras anquilosadas de poder: con los cacicazgos locales, los gobernadores priístas que mandan en sus estados como señores feudales, la alianza del grupo Atlacomulco con los grandes consorcios mediáticos y los poderes fácticos, el control corporativo y el pacto de impunidad sellado por los dos grandes partidos de la derecha mexicana.

Ese primero de julio, a través de muchas trapacerías y bajo condiciones diametralmente inequitativas, el bloque conservador logró que su candidato predilecto para esta ocasión, Enrique Peña Nieto, obtuviera la mayor cifra de votos.

Vendrán tiempos difíciles para el país. El retorno del PRI a la Presidencia puede degenerar en una involución hacia el autoritarismo. En efecto, si con Felipe Calderón nuestra transición a la democracia se truncó, en el sexenio de Peña Nieto se corre el riesgo de que sea abortada en definitiva. No hay democracia que tenga su futuro asegurado, y, como recientemente señaló el historiador Lorenzo Meyer, la nuestra ha vuelto a colocar en el centro político a uno de sus enemigos más acérrimos y astutos.

Además, sin siquiera contar con la constancia de mayoría, el abanderado priísta anunció que su gobierno pondrá en marcha desde el primer minuto las llamadas “reformas estructurales”. Se trata de un término eufemístico que esconde a través del lenguaje “políticamente correcto” el verdadero plan: profundizar el saqueo neoliberal en temas de vital importancia nacional como el laboral, energético y fiscal. Desde esta zozobra pareciera que el abanderado priísta alberga la ilusión de contar con un amplio respaldo del electorado que le permitiría impulsar cómodamente su agenda de compromisos adquiridos. Pero las cuentas son implacables. De confirmarse la validez de la elección, Peña Nieto llegaría con un respaldo minoritario, en tanto el 62% del electorado optó por darle su voto a otra fuerza política, por no mencionar a quienes se abstuvieron de acudir a las urnas.

Parafraseando el microrrelato de Augusto Monterroso, cuando los mexicanos despertamos, el dinosaurio todavía estaba allí. Sin embargo, hay un dato alentador que agregar: que ese dinosaurio ya no va a encontrar súbditos, sino ciudadanos. Ante el regreso de un partido que hoy se despliega ávido, recargado y con el ánimo de saldar cuentas, la izquierda mexicana no puede permitirse un solo día de pasmo y desencanto. Es ésta una lucha de largo aliento, que nunca cesa, siempre inacabada, en permanente construcción de su devenir. Esto pasa por reconocer y reivindicar nuestros logros y avances en este decisivo año electoral:

1. Debe recordarse que en la elección inmediatamente anterior, la de 2009, el PRD a causa de varios factores, entre los que destaca su confrontación interna, sufrió un descalabro electoral al haber obtenido tan sólo el 12.2% de los votos. Con estas cifras, el partido del sol azteca se encontraba más cerca a la cuarta fuerza –el Partido Verde–, que de la segunda posición ocupada por el PAN. Incluso estas perspectivas desalentadoras se prolongaron hasta inicios de 2012, momento en el que todas las encuestas ubicaban al candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, en un tercer lejano sitio, a 26 puntos de distancia de Enrique Peña Nieto. Con todo y guerra sucia, control corporativo, manipulación de las encuestas y compra de votos, el primero de julio esa cifra se redujo a 6.6 puntos porcentuales.

2. No se le ha dado el valor que merece el hecho de que en 2012 la izquierda obtuvo la mayor votación en toda su historia. En las controvertidas elecciones de 2006, los cómputos oficiales reconocieron a la Coalición Por el Bien de Todos 14 millones 683 096 votos; seis años después, pese a la crisis del 2009, el Movimiento Progresista obtuvo de 15 millones 896 999. Es decir, tuvo un incremento de 1 millón 213 903 votos.

3. El asombroso crecimiento electoral de las izquierdas no podría explicarse sin la efervescencia juvenil. En tanto que Enrique Peña Nieto fue el puntero en las preferencias de los ciudadanos mayores a 50 años, los menores de 29 años en su mayoría prefirieron votar por las izquierdas. Esto significa que está emergiendo un electorado pujante, modernizador, insatisfecho y progresista. Se trata de un cambio generacional que de seguir bajo este curso, al paso de los años se irá expandiendo. Es una realidad que ha llegado para quedarse y para transformar el país.

4. La izquierda tuvo grandes éxitos a nivel local, destacando los siguientes casos:

·      En Tabasco –uno de los estados más ricos en recursos naturales, pero de los más rezagados en cuestiones de desarrollo, debido a los más de 80 años ininterrumpidos de gobierno priísta–, el Movimiento Progresista ganó la gubernatura, instaurando de este modo una auténtica alternancia.

·      Situación similar ocurrió en Morelos, entidad con una enorme tradición de lucha agrícola y que ahora decidió castigar a los gobiernos corruptos del PRI y del PAN. La ciudadanía confirió su confianza a la izquierda, con la encomienda de enfrentar la crisis de inseguridad y las desigualdades prevalecientes en este estado.

·      Jalisco es un estado estigmatizado como conservador, pero un silencioso y veloz proceso de urbanización y modernización ha desencadenado paralelamente una transformación en los valores y en la cultura política de los ciudadanos. De tal forma, aunque el progresismo no alcanzó la mayoría, sí sentó un parteaguas mediante la candidatura de Enrique Alfaro, quien pese a haber sido postulado únicamente por Movimiento Ciudadano, obtuvo el 34.18% de los sufragios. Si la nula altura de miras de la burocracia perredista en el estado no hubiera impedido la unidad de las izquierdas, con la suma del 3.41% de votos que obtuvo el PRD abanderando a un ex panista, Alfaro prácticamente estaría en empate técnico con el PRI, disputando seriamente la gubernatura.

·      La capital del país reafirma su vocación de vanguardia. La izquierda sentó en el DF un hito histórico, obteniendo 3 millones 031,160 sufragios (63.58%). Hace seis años Marcelo Ebrard obtuvo 2 millones 215,147, lo cual implica que la base electoral de la izquierda en el DF incrementó alrededor de 816,000 votos. A nivel distrital y delegacional, también es el mejor resultado en la historia de la izquierda capitalina. Los ciudadanos de las delegaciones anteriormente gobernadas por el PAN, decidieron esta vez optar por la alternancia a favor de las izquierdas. Es el caso del contundente triunfo en Miguel Hidalgo. En cuanto a la demarcación Benito Juárez hay prácticamente un empate técnico. En suma, tras 15 años de buen gobierno, los capitalinos refrendaron su apoyo y reconocieron la labor de la izquierda.

·      Otro caso destacado es el norte del país, históricamente difícil para la izquierda. En Nuevo León las preferencias se repartieron en tercios. Ahí, en años anteriores la izquierda no sólo estaba borrada del mapa, sino también despertaba temores en varios sectores de la sociedad. En 2006, López Obrador obtuvo 164,942 (9.4%); seis años después 434,650 (22%). Algo similar ocurrió en Baja California, entidad en la que López Obrador obtuvo 375,803 votos.

·      En Guerrero se refrendó la mayoría izquierdista; lo mismo en Oaxaca y Puebla, entidades gobernadas en alianza con el PAN. En Veracruz, estado dominado por un priísmo violento y desfasado, la elección sorprendentemente se fue a tercios. Tlaxcala se gana, pese a la operación del gobierno priísta. Quintana roo refrenda su perfil progresista, aun cuando es gobernado por el PRI; Hidalgo aportó 400 mil votos, pisándole los talones al PRI en una entidad en la que nunca se ha dado la alternancia. Y en Michoacán la izquierda está en franca recuperación, tras la grave pérdida de la gubernatura en el año 2011, desbancando ahora al PAN de la segunda posición.

·      En contraparte, Chiapas y Zacatecas, el primero gobernado por el neoperredista Juan Sabines, y el segundo por el experredista Miguel Alonso Reyes, presentan resultados atípicos y en franca oposición a su tendencia histórica. También hay que evaluar por qué en 22 estados, la alianza de izquierdas no ganó ni uno de los diputados uninominales, y por qué en las presidenciales de 2006 ganamos en 16 entidades y en 2012 la cifra se redujo a 8.

·      En el Estado de México, cuna de Enrique Peña Nieto y entidad en la que se concentró la mayor cantidad de compra de voto y trapacerías electorales, el priísmo calculaba arrasar para neutralizar la copiosa votación del DF a favor del progresismo. No fue así. La izquierda tuvo un éxito rotundo, recuperando municipios metropolitanos de alto peso demográfico como Nezahualcóyotl y Texcoco.

5. Un dato a destacar –sobre todo considerando que cada vez es más simétrica la balanza de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo a nivel federal–, es que ningún partido o coalición contará con mayoría absoluta en la próxima Legislatura. Esto quiere decir que no hay ganadores absolutos, como tampoco hay perdedores absolutos. Los mexicanos no quieren soluciones de un solo hombre, como pretenden los nostálgicos del viejo presidencialismo. Continuaremos con los llamados gobiernos divididos, cuya regla es que las fuerzas políticas tendrán que escucharse, negociar y generar acuerdos si es que pretenden que sus iniciativas se hagan realidad.  A partir de septiembre las izquierdas serán la segunda fuerza política en la Cámara de Diputados, constituyéndose así como la oposición más importante a Enrique Peña Nieto. Sin embargo, será el Senado el principal bastión de oposición al PRI. Sumados los  escaños del PAN y del Movimiento Progresista en el Senado, rebasan cómodamente la mayoría absoluta, lo cual implica que toda reforma que pretenda impulsar Peña Nieto deberá contar con la aprobación al menos de una parte de la oposición.

En suma, pese a que es del todo lamentable no haber obtenido la Presidencia de la República, no hay lugar ni tiempo para el desánimo: la izquierda se ha consolidado como la segunda fuerza política en el país y eso conlleva a asumir inmediatamente el deber que el electorado nos ha conferido. Por si esto fuera poco, este bloque político ha repuntado drásticamente en zonas en las que estaba borrado del mapa (Nuevo León, Baja California), afianzando sus bastiones electorales (DF, Guerrero, Oaxaca), e inaugurando una etapa democrática en estados históricamente dominados por caciques (Morelos, Tabasco y en menor medida, Jalisco). Salvo Chiapas y Zacatecas, dos “atípicas excepciones” –por decirlo en términos sutiles–, el común denominador es que las fuerzas progresistas han salido fortalecidas en entidades con tradición en la lucha social.

Haciendo un balance general, la izquierda ha triunfado en 2012. Nadie puede cuestionar que ha incrementando ampliamente su capital político. El desafío será ponerlo al servicio de la defensa de las causas populares y ejercer un papel determinante en el rumbo del sexenio que iniciará en diciembre de 2012 y culminará en 2018. Bajo este nuevo escenario y esta correlación de fuerzas, las preguntas pertinentes son: ¿Qué hacer? ¿Qué sigue para la izquierda mexicana? Dedicaré la siguiente entrega a aportar algunos elementos para responder estas preguntas.

Los conteos distritales: lo que tienes que saber

Alejandro Encinas Nájera

Que nadie adelante vísperas. No está dicha la última palabra. Hay que exigir a Calderón, Peña Nieto y magistrados de una desconcertante irresponsabilidad  como Alejandro Luna, que respeten las instituciones y los tiempos electorales. Esto es, que no den por consumados hechos que aún están en curso y que no declaren ganadores prematuramente.

El artículo 116 del Cofipe ordena que tres días después de celebrarse la jornada electoral (o sea, hoy) se rectificarán las inconsistencias que pudieran consignarse en las actas electorales, sean producto de error o dolo.  Mientras lees estas líneas, miles de ciudadanos y personal del IFE instalan los consejos distritales para efectuar el cómputo de los resultados registrados en las actas de las casillas de las elecciones para presidente, diputados y senadores. Como detalla Alejandra Lajous, en los consejos, además de un funcionario del IFE, hay seis consejeros electorales y representantes de todos los partidos políticos. Los partidos llevan a dicha reunión sus respectivas actas. Ahí, una por una, se confrontan los resultados de las actas, y si no coinciden o son notorias posibles alteraciones, se abren los paquetes con las boletas y se cuentan uno por uno los votos de la casilla dudosa. Todo esto se realiza en sesiones abiertas, así que quien quiera asistir, está a tiempo y tiene todo el derecho de hacerlo.

Todas las cifras que hasta ahora conocemos, desde las tremendamente “equivocadas” encuestas que daban un abismo de ventaja a Peña Nieto, hasta los conteos rápidos, el PREP y las encuestas de salida, carecen de validez legal. Será hasta que finalicen los conteos distritales cuando conoceremos los resultados oficiales. Y la cosa no termina ahí. En ese momento el IFE le pasa la estafeta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual tiene la responsabilidad de resolver todas las impugnaciones de los competidores, pero sobre todo deberá verificar que las distintas etapas del proceso electoral hayan transcurrido con equidad, certeza, transparencia e imparcialidad. Una vez que haya culminado esta larga y sinuosa cadena de etapas, se declara la validez o no de la elección.

Por lo pronto, el Movimiento Progresista ha detectado que de las 143 mil casillas que se instalaron el pasado domingo, cuando menos 113, 855 actas tienen inconsistencias. Para depurarlas, la ley contempla la reapertura de los paquetes electorales durante las jornadas de los cómputos distritales. Estas irregularidades no necesariamente implican dolo o alteración ventajosa, pues pueden derivarse de un error o descuido humano. Es fundamental aclarar en qué consiste la diferencia:

¿Qué es una inconsistencia aritmética? El investigador José Antonio Crespo detalla que en cada acta hay varios campos de registro que deben coincidir entre sí, llamados rubros fundamentales: 1)Total de ciudadanos que votaron (CV) 2)Total de boletas encontradas en la urna al término de la jornada (BEU) y 3)Votación total emitida (VTE). Cualquier diferencia aritmética entre estos rubros, podría indicar la existencia de votos irregulares, es decir, que faltan o sobran injustificadamente.

No se puede asumir siempre que un error aritmético sea un error de cómputo, el cual implica la presencia de votos irregulares, pues la no coincidencia aritmética entre los rubros fundamentales podría ser resultado de una equivocación, una distracción o una cifra mal anotada. En estas circunstancias, los datos disponibles permiten dar una explicación lógica al error y corregirlo. En cambio, el error de cómputo ocurre cuando no se encuentra explicación lógica de la inconsistencia. En tal circunstancia se daña la certidumbre del resultado. La ley de impugnación electoral en su  artículo 75 (F) señala como una de las causales para anular la votación en una casilla: “Haber mediado dolo o error en la computación de votos, siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación.” En términos jurídicos es irrelevante si la anomalía fue resultado de actos de mala fe como la introducción o extracción de boletas a favor de un candidato, o un acto no intencional en el conteo de votos, pero que aún así empaña el resultado de la elección.

Otras causales para abrir los paquetes electorales durante los conteos distritales son: Que la diferencia entre el primer y el segundo lugar sea menor al 1% y así lo solicite el segundo lugar; Que todos los votos depositados sean a favor de un mismo partido; Que el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en la votación; Que existan inconsistencias evidentes en los elementos de las actas, salvo que puedan corregirse con otros a satisfacción plena de quien solicite; Que no existiera acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, ni obrara en poder del presidente del Consejo, y; Que se detecten alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla.

Para caer en cuenta de la relevancia que tienen los conteos distritales, cito el siguiente ejemplo: En la casilla ubicada en la sección 5614 en el municipio de Cuautitlán, Estado de México, el PREP reportó que hubo una participación ciudadana del 235 por ciento. Siendo esto imposible, ahí mismo se aclara que esta casilla no ha sido contabilizada. Será sólo a través de la apertura del paquete electoral, como sabremos qué fue lo que ahí sucedió; si acaso embarazaron la urna, o fue un error de quienes anotaron los resultados en las actas.

A todos, conviene –incluido quien hoy se da por ganador–, que se le impriman a estas elecciones la máxima transparencia y certidumbre. En democracia sólo las urnas confieren legitimidad. Por eso es inaceptable que voces coléricas y reaccionarias clamen que se acepte sin cuestionamientos los resultados que hasta ahora se conocen. Como tuiteó, @ClouthierManuel (retuiteado por 2302  tuiteros al cierre de este artículo), “Lo chistoso de este país es que el que defiende sus derechos es prepotente, berrinchudo, loco, etc. Pero el que pisotea los derechos no!”

Vendrán tiempos en los que las fuerzas que integran el Movimiento Progresista habrán de tomar definiciones políticas y jurídicas, así como elegir el rumbo a seguir. Pero durante los próximos días, dejemos que hablen las actas...y los votos.